Santo Domingo.– Diputados de distintas organizaciones políticas llamaron al diálogo entre las entidades financieras y los propietarios de estaciones de combustibles, ante el anuncio de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) de desconectar los verifones de sus 780 estaciones afiliadas a partir del próximo 25 de septiembre.
Los legisladores advirtieron que la medida podría afectar directamente a los consumidores, obligándolos a recurrir al efectivo para adquirir combustibles, en momentos en que el país avanza hacia una mayor digitalización de sus operaciones comerciales.
El diputado Ramón Raposo consideró que el Gobierno debe intervenir para procurar una solución al conflicto, tomando en cuenta los reclamos de las estaciones por el costo de las comisiones asociadas a los pagos electrónicos.
“Yo creo que el Gobierno dominicano debe buscarle una solución a este tema, porque proyecta un mal mensaje”, expresó Raposo, quien advirtió que retirar los verifones podría generar un “efecto dominó” que terminaría perjudicando a la ciudadanía.
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Señaló además que resultaría contradictorio que, mientras la sociedad avanza hacia la digitalización, los ciudadanos tengan que desplazarse con mayores cantidades de efectivo para abastecerse de combustible.
De su lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao favoreció una mediación entre las entidades financieras y las estaciones de combustibles para alcanzar un acuerdo sobre las comisiones cobradas por las transacciones con tarjetas.
Genao sostuvo que se trata de una diferencia comercial que debe ser resuelta entre las partes, sin colocar a los consumidores en medio de la disputa.
“No puede ponerse de por medio o tomar como rehén a la ciudadanía en este tema”, manifestó el legislador, al advertir sobre la importancia de garantizar el acceso a los combustibles por su incidencia en el transporte de alimentos y en el desplazamiento de la fuerza laboral.
En términos similares se pronunció el diputado Pedro Martínez, quien consideró pertinente que las empresas involucradas se sienten a conversar, colocando como prioridad los intereses de los consumidores.
Martínez calificó el combustible prácticamente como un producto de primera necesidad y afirmó que los ciudadanos deben contar con mecanismos ágiles para realizar sus pagos. A su juicio, cualquier dificultad que limite los pagos electrónicos debe ser momentánea y “hay que resolverla sí o sí”.

Asimismo, el diputado Ramón Bueno consideró que las instituciones vinculadas al sector de los combustibles deben procurar un consenso y sostuvo que el Estado dominicano, a través de las entidades competentes, debe sentarse con los representantes del sector para buscar una salida al conflicto. “Tiene que sentarse con ellos para buscar el consenso y llegar a un feliz término”, expresó.
Consideran la decisión es un “chantaje” de ANADEGAS
Mientras, el diputado Antonio Brito calificó la decisión de retirar los verifones como una especie de “chantaje” por parte de ANADEGAS.
Brito cuestionó que la controversia se traslade a los usuarios y manifestó reservas sobre los resultados que podría producir una eventual mesa de diálogo, al considerar que este tipo de mecanismos no siempre termina solucionando los conflictos.
La medida, o mejor dicho, la amenaza de ANADEGAS de que retirará los verifones de las bombas, en mi caso, yo lo vería como si fuera un chantaje, partiendo de que quienes debiesen
retirar todas las tarjetas son los dominicanos que tienen una tarjeta, porque a quienes les están aplicando duramente el cobro de los impuestos es a toda aquella persona que utiliza una tarjeta”, argumentó el legislador.
Anadegas anunció que el 25 de septiembre desconectará los verifones en sus 780 estaciones afiliadas, en reclamo por los costos asociados a los sistemas electrónicos de pago. Su presidente, Juan Elías Pérez, sostiene que los detallistas destinan alrededor del 27 % de sus beneficios brutos al pago de estos servicios.
La controversia también provocó la reacción del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, quien manifestó su desacuerdo con el retiro de los dispositivos y llamó a las partes involucradas a buscar una salida mediante el diálogo, tomando en consideración el impacto que tendría la decisión sobre los consumidores.


