Santo Domingo.– El acuerdo alcanzado entre Máximo Gerardo Montilla Sierra y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) va mucho más allá de los más de RD$3,000 millones en compensaciones económicas. El documento judicial obliga al cuñado del expresidente Danilo Medina a disolver al menos ocho compañías de su entramado empresarial y a convertirse en testigo clave contra otros implicados en la red de corrupción del sector eléctrico.
El convenio, homologado por los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, establece que empresas como Transformadores Solomon Dominicana, Electroclable Aluconsa, Distribuidora de Materiales Eléctricos EEE y Henan Jinshui deberán ser liquidadas en un plazo de dos años, tras cumplir con sus deudas y pasivos pendientes. Con ello, se busca impedir que estas sociedades vuelvan a operar en futuras contrataciones públicas.
Además de la disolución empresarial, Montilla se comprometió a testificar en procesos judiciales que continúan abiertos, aportando información sobre funcionarios y contratistas que se beneficiaron del esquema fraudulento. La PEPCA afirmó que este punto es clave para avanzar en la persecución de otros responsables y que el acuerdo se fundamenta en el artículo 370.6 del Código Procesal Penal.
El pacto también incluye el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo, el pago de RD$600 millones en indemnizaciones a Edenorte, Edesur y Edeeste, el abono de RD$431.8 millones en impuestos atrasados a la DGII y la entrega de un inmueble de 200 metros cuadrados en el Ensanche Naco, valorado en RD$50.9 millones.
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La investigación reveló que entre 2012 y 2020 las empresas de Montilla recibieron contratos millonarios mediante sobrevaloración de equipos, manipulación de plazos de entrega, acceso a información privilegiada y urgencias simuladas. Estos mecanismos permitieron a su grupo monopolizar licitaciones, elevando exponencialmente sus ingresos en apenas unos años.
Con esta negociación, el Ministerio Público no solo asegura la devolución de recursos, sino también el desmantelamiento legal de un entramado societario que operó durante casi una década en el sector eléctrico, y sienta un precedente de que la reparación económica debe ir acompañada de cooperación judicial para llegar al resto de la red de corrupción.
