Santo Domingo. – Una reciente investigación ha sacado a la luz que se desembolsaron más de 70 millones de pesos en avances para la construcción y mejora de centros educativos, obras que nunca llegaron a realizarse.
Este esquema de fraude pone nuevamente en el centro de la polémica al Ministerio de Educación, una institución que parece no encontrar una solución definitiva a una larga lista de adjudicaciones fallidas que se conocen desde hace varios años.
El perjuicio directo de estas acciones recae sobre el Estado dominicano y, de manera más sensible, sobre la población estudiantil que necesita espacios dignos para su formación. La situación genera impotencia al observar que estos métodos no solo continúan, sino que parecen fomentarse sin consecuencias aparentes para los responsables.
Un entramado empresarial para el desfalco
El mecanismo de esta operación fraudulenta involucra a personas físicas que actuaban a través de cuatro empresas diferentes. Según los detalles revelados, estos individuos lograban obtener los contratos y luego facturaban sumas elevadas por supuestos trabajos en diversas instituciones educativas públicas. Sin embargo, incumplían de manera sistemática con todas las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad que el propio ministerio establece para este tipo de proyectos.
La modalidad de operar a través de varias compañías les permitía diversificar los contratos y manejar un volumen mayor de recursos, dificultando el seguimiento y la fiscalización de los fondos públicos que les eran asignados. Este patrón de comportamiento evidencia una falla en los controles internos de la institución.
La investigación que revela la trama
Estos hallazgos forman parte de un trabajo periodístico detallado. La investigación completa, que expone con pruebas y testimonios este caso de corrupción educativa, fue presentada en el programa “Reporte Especial”, conducido por la periodista Julissa Céspedes. El material audiovisual se encuentra disponible para el público en el canal de YouTube de CDN 37, donde se ofrecen más detalles sobre las empresas involucradas y el alcance de la estafa.
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La recurrencia de estos escándalos en el Ministerio de Educación plantea serias interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos destinados a uno de los sectores más importantes para el desarrollo de la nación. Mientras los fondos se desvían, miles de estudiantes continúan esperando por aulas seguras y adecuadas, una promesa que se diluye con cada contrato incumplido y cada peso que termina en bolsillos equivocados.
