Santiago.- Una estructura criminal que introducía armas de fuego de alto calibre de contrabando a República Dominicana y las distribuía entre organizaciones delictivas recibió un duro golpe judicial, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenara a sus principales integrantes a penas de hasta 10 años de prisión.
El cabecilla Hornandys Emmanuel Cruz Almonte fue condenado a 10 años de prisión en el CCR Rafey Hombres, mientras Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vásquez y Félix Francisco Vásquez Peralta recibieron penas de seis años cada uno, por su participación en una red dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armas.
La investigación, dirigida por la Fiscalía de Santiago, permitió establecer que la organización utilizaba viviendas de los propios integrantes y de sus familiares como centros de acopio, principalmente en comunidades de Licey al Medio, Santiago, y Moca, Espaillat.
Durante los allanamientos autorizados judicialmente fueron ocupadas 18 pistolas de alta potencia, la mayoría Glock calibre 9 milímetros, tres revólveres, dos escopetas, vehículos, equipos electrónicos y 700 mil pesos en efectivo.
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Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el uso de tanques modificados con caletas y dobles fondos, empleados para ocultar y transportar las armas.
La Fiscalía explicó que la organización adquiría las armas en Estados Unidos y posteriormente las enviaba hacia República Dominicana mediante compañías de envío, para luego trasladarlas a sus centros de almacenamiento en Licey al Medio y Moca y redistribuirlas a otras estructuras criminales.
La operación fue ejecutada después de más de un año de vigilancia, rastreo y levantamiento de información, con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el equipo SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), además de la cooperación del FBI de Estados Unidos.
Durante el juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell presentó las evidencias que, según el Ministerio Público, demostraron la forma en que operaba la estructura y las funciones desempeñadas por cada acusado.
El tribunal, integrado por las juezas Ingri Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto, también condenó a Rosalba María Estrella López a cinco años de prisión suspendida, bajo condiciones cuyo incumplimiento podría enviarla a prisión.
Asimismo, Marcos de Jesús Diplán Diplán fue condenado a tres años de prisión suspendida y al pago de 25 salarios mínimos del sector público.
Los condenados fueron hallados responsables de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores, así como disposiciones de la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, incluyendo delitos de tenencia, tráfico, acopio y legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas.
Además, el tribunal impuso multas de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público y fijó para el 16 de octubre la lectura íntegra de la sentencia.
En el proceso también fue juzgado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien resultó absuelto.
El caso deja al descubierto una red que, de acuerdo con la acusación, no solo almacenaba armas ilegales, sino que mantenía una cadena de suministro internacional para abastecer a otras organizaciones criminales desde puntos estratégicos de Santiago y Espaillat.
