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Demandan al Banco Popular por más de 900 millones tras adjudicarse propiedad en Villa Consuelo

5 de agosto de 2025
in Actualidad
Demandan al Banco Popular por más de 900 millones tras adjudicarse propiedad en Villa Consuelo
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Santo Domingo.– El Banco Popular está siendo demandado por más de 912 millones de pesos, luego de adjudicarse supuestamente de manera irregular una propiedad comercial en el sector de Villa Consuelo, a pesar de que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le prohibía hacerlo.

Los abogados Edgar A. Jiménez y José A. Méndez Marte denunciaron que el banco se apropió de la Plaza Club Empresarial, ubicada en la calle Charle Pie esquina Juan de Morfa, aún cuando la Suprema Corte había “casado” una decisión anterior que favorecía al banco.

“La SCJ anuló la sentencia civil número 036-2021-SSEN-01033, que en principio daba ganancia de causa al Banco Popular. Al casarla, todo debía volver al estado anterior, pero eso no fue lo que ocurrió”, explicaron los juristas.

Varias demandas en proceso

Actualmente, el Banco Popular enfrenta cuatro procesos judiciales en distintas salas de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así como en el Tribunal de Tierras.

Te puede interesar: El alto costo de las demandas contra el Estado dominicano

Además, existe una litis sobre derechos registrados en la Séptima Sala del Tribunal de Tierras, en torno a la legalidad de la transferencia del título.

Acusan al banco de actuar sin base legal

Según los abogados, el Banco Popular no tenía base legal para adjudicarse la plaza, ya que, la sentencia que usaron para hacer la transferencia fue anulada por la SCJ, no existía un crédito vigente que justificara un embargo y el banco no puede figurar como propietario y a la vez como embargante de un mismo inmueble.

“Es imposible que el banco sea propietario y persiga el mismo bien al mismo tiempo”, afirmaron Jiménez y Méndez Marte.

También criticaron la actuación de instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Registro de Títulos del Distrito Nacional, por permitir la transferencia del inmueble sin respetar la sentencia judicial.

“Ambas instituciones actuaron en contra de lo que establece la ley. Debieron garantizar que el traspaso se realizara de manera legal y transparente”, concluyeron.

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