Santo Domingo.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó este miércoles que la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez carece de sustento jurídico, al reiterar que el vencimiento del plazo máximo de duración de un proceso no implica, por sí solo, el archivo del expediente.
Durante la audiencia del juicio de fondo, Ortiz explicó que tanto tribunales de primer grado como cortes de apelación y el Tribunal Constitucional han establecido que la extinción de la acción penal no opera de manera automática, sino que debe evaluarse si existieron dilaciones indebidas atribuibles al Ministerio Público o al sistema de justicia.
La magistrada citó varias decisiones judiciales, entre ellas resoluciones de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, en las que se establece que el uso de los recursos procesales permitidos por la ley no constituye, por sí mismo, una dilación indebida que justifique la extinción de la acción penal.
Ortiz sostuvo que la jurisprudencia ha sido consistente al señalar que el cómputo del plazo procesal “no es un cálculo matemático”, sino que debe analizarse bajo el principio de razonabilidad, tomando en cuenta la complejidad del proceso, la conducta de las partes y las circunstancias particulares de cada caso.
“La exigencia de que las causas judiciales se definan dentro de un plazo razonable no responde únicamente a un criterio cuantitativo, sino también cualitativo, basado en lo justo, proporcionado y equitativo”, argumentó la representante del Ministerio Público durante su intervención.
Las declaraciones de Ortiz se producen mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce un incidente presentado por la defensa de Rodríguez, que busca que se declare extinguida la acción penal por alegado vencimiento del plazo máximo del proceso. El Ministerio Público mantiene que ese pedimento ha sido rechazado previamente y que el juicio debe continuar hasta una decisión sobre el fondo.
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Como parte del contexto del proceso, el Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez y a otros imputados de integrar una presunta red de corrupción que habría distraído más de RD$6,000 millones mediante alegadas irregularidades cometidas entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República. Los encartados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción administrativa, soborno, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos, acusaciones que han negado.
