Santo Domingo.– Representantes de la Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (Fedelucd) realizaron este miércoles una rueda de prensa en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde informaron sobre el depósito de una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 318 de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal.
La entidad, representada legalmente por el abogado constitucionalista Francisco Núñez Cáceres, sostiene que la disposición impugnada vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociación y el principio de legalidad.
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Durante el encuentro con la prensa, los representantes de Fedelucd explicaron que el artículo cuestionado presenta una redacción “vaga e imprecisa”, lo que, a su juicio, permite interpretaciones arbitrarias que podrían afectar el funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro como esa federación.
Asimismo, argumentaron que el uso de uniformes con logos institucionales, colores distintivos y la Bandera Nacional en los chaquetones utilizados por sus miembros durante operativos constituye una práctica legítima, amparada por la Ley 122-05 sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, por lo que consideran que la aplicación del artículo 318 restringe injustificadamente su identidad institucional y operativa.
La organización también afirmó que la disposición impugnada afecta la libertad de asociación al, presuntamente, obstaculizar el trabajo de entidades debidamente incorporadas que realizan labores de interés público.
En su instancia, Fedelucd solicita al Tribunal Constitucional admitir la acción, declarar la inconstitucionalidad del artículo 318 por entender que contradice varios preceptos de la Carta Magna, ordenar su exclusión del ordenamiento jurídico y reconocer la legitimidad del uso de sus uniformes e insignias institucionales.
Además, pidió un plazo de 15 días para depositar ante la Secretaría del Tribunal los estatutos certificados mediante los cuales, según indicó, la Procuraduría General de la República aprobó sus grados internos conforme a la Ley 122-05.
La acción fue presentada por la Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas contra el Congreso Nacional, en su calidad de órgano que aprobó la Ley 74-25, dejando ahora en manos del Tribunal Constitucional la decisión sobre la admisibilidad y el conocimiento del recurso.
