Santo Domingo.- Tras el pronunciamiento del sector empresarial de la República Dominicana este jueves, en el que calificaron de regresiva la reciente reforma al Código Laboral aprobada por el Senado, el senador Rafael Duluc, presidente de la comisión especial que estudió la pieza, afirmó que los empresarios están siendo “tremendistas e injustos” con el trabajo realizado por los legisladores.
Duluc atribuyó las críticas a la negativa de la comisión de acoger la propuesta del empresariado para modificar las condiciones actuales bajo las cuales se aplica la cesantía. El senador aseguró que el proyecto no contiene elementos que representen un retroceso en los derechos laborales ni pone en riesgo la seguridad jurídica del país, como han denunciado los gremios empresariales.
“El empresariado debe retractarse de esas declaraciones. En la segunda lectura del proyecto, prevista para la próxima semana, se introducirán algunas modificaciones, particularmente en lo que respecta a los beneficios de las zonas francas”, expresó además el legislador.
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Entre los aspectos trabajados en la reforma al Código Laboral figuran la actualización de principios fundamentales, la incorporación de los derechos de los trabajadores del hogar, licencias laborales con salario, el reconocimiento de nuevas modalidades de empleo como el teletrabajo, así como la protección frente a accidentes y enfermedades. También se fortalece el rol del Ministerio de Trabajo.
La reforma incluye además la tipificación del acoso laboral, la ampliación de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, paternidad y maternidad, esta última con un mínimo de 14 semanas pagadas. También se refuerza la protección contra el despido de mujeres embarazadas durante la gestación, el período postnatal y los tres meses posteriores. Asimismo, se regulan las condiciones para las jornadas extendidas, los horarios flexibles y los contratos atípicos.
De su lado, el sector empresarial planteó que la reforma representa un incremento en los costos laborales y no toma en cuenta la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen más del 98 % del tejido productivo nacional. Señalan, además, que desincentiva la creación de nuevos empleos formales en un contexto donde la informalidad supera el 55 % de la fuerza laboral, y consideran que puede afectar los esfuerzos de formalización empresarial.
