Santo Domingo, RD.– La Red de Ciudadanos Contra la Corrupción expresó este lunes su rechazo a un proyecto de ley que, según afirmó, permitiría ampliar las agencias hípicas y eliminar las restricciones de distancia establecidas en la Ley núm. 140-02, al considerar que la iniciativa tendría un impacto negativo en la sociedad dominicana.
El presidente de la organización, Enmanuel Eugenio Pimentel Reyes, solicitó al presidente Luis Abinader intervenir antes de que el proyecto continúe su curso legislativo, al entender que el país necesita priorizar inversiones en educación, empleo y desarrollo social, en lugar de ampliar los establecimientos dedicados a los juegos de azar.
Pimentel Reyes manifestó preocupación por el aumento de máquinas tragamonedas y el efecto que, a su juicio, podría tener sobre los sectores más vulnerables de la población, entre ellos niños, adolescentes, madres solteras, viudas y familias de bajos ingresos.
Asimismo, sostuvo que los ingresos de los trabajadores no deben formar parte del negocio de la ludopatía y cuestionó que las dificultades económicas de muchas familias puedan convertirse en un incentivo para la expansión de este tipo de actividades.
La organización indicó que en la República Dominicana ya existe una amplia cantidad de bancas de apuestas, muchas de ellas ubicadas, según afirmó, en las proximidades de centros educativos, hospitales, colmados y comunidades, por lo que considera innecesario autorizar una mayor expansión del sector.
Además del mandatario, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción pidió a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, evaluar con responsabilidad las posibles consecuencias sociales de la iniciativa antes de su eventual aprobación.
La entidad aseguró que su posición no responde a intereses políticos ni económicos, sino a la defensa de la niñez, las familias dominicanas y las futuras generaciones frente a los riesgos asociados a la ludopatía.
Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades para que escuchen las preocupaciones de la ciudadanía y analicen el proyecto con detenimiento antes de que continúe su trámite en el Congreso Nacional.
