Santo Domingo.– A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el debate en torno a la legislación se intensificó con nuevos cuestionamientos sobre su contenido. El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, advirtió que algunos artículos de la Ley 74-25 podrían representar una amenaza para la libertad de expresión, mientras que organizaciones defensoras de las tres causales volvieron a presentar propuestas para modificar la normativa.
De la Rosa Tiburcio afirmó que, desde la era de Rafael Leónidas Trujillo, no se había intentado limitar la libertad de expresión en la República Dominicana como, a su juicio, ocurre con varias disposiciones incluidas en el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 3 de agosto.
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El presidente de Adocco sostuvo que algunas disposiciones de la legislación podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, por lo que instó a las autoridades a revisar esos artículos antes de que la ley comience a aplicarse. Asimismo, consideró que dichas restricciones representarían un retroceso democrático.
En paralelo, el debate sobre las tres causales volvió al Congreso Nacional luego de que organizaciones que promueven la despenalización del aborto depositaran nuevas observaciones y propuestas. Estas buscan que el Código Penal contemple excepciones cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, cuando la vida de la mujer esté en peligro o cuando el feto presente una condición incompatible con la vida.
Frente a estos planteamientos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aclaró que las modificaciones al Código Penal estarán limitadas a artículos específicos y aseguró que no se realizará una revisión integral de la normativa. Además, respondió a las críticas formuladas por el presidente de Adocco.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso 18 propuestas de modificación sobre algunos de los artículos más debatidos del nuevo Código Penal. A estas iniciativas se han sumado observaciones presentadas por distintos sectores e instituciones, que solicitan cambios antes de que la legislación entre en vigor el próximo 3 de agosto.


