SANTO DOMINGO, RD – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols afirmó de manera categórica que los legisladores de su organización política tienen el mandato institucional de impulsar reformas al recién aprobado Código Penal antes de que este entre en vigor, con el fin de corregir artículos que vulneran la libertad de expresión.
Durante una entrevista en el programa Politikal, Pujols fue enfático al señalar que, a pesar de las votaciones previas, la línea actual del partido es clara: «Los diputados del PLD hoy tienen la instrucción, el deber y la obligación de introducir, apoyar y promover la modificación de ese código antes de que entre en vigencia».
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Críticas a la «criminalización de la palabra»
El alto dirigente peledeísta centró su preocupación en los artículos 208, 209, 210, 211 y 310, los cuales considera contrarios al espíritu democrático. Según Pujols, estas disposiciones buscan «criminalizar el uso de la palabra y al mismo tiempo blindar el poder», permitiendo incluso sanciones por críticas realizadas en la intimidad del hogar.
Pujols argumentó que el Código Penal, tal como está redactado, invierte la lógica de la democracia al proteger al funcionario por encima del ciudadano.
«Usted no puede agarrar y blindar al funcionario y construirle un escudo legal… es el funcionario que tiene que ser más tolerante… porque administra fondos públicos que no son de él», sentenció durante la entrevista.
Pujols hace un llamado a la coherencia partidaria
Al ser cuestionado sobre por qué la mayoría de los diputados de su partido votaron a favor del código anteriormente, el secretario general explicó que el proyecto es extenso y complejo, habiéndose discutido durante años temas como el aborto. Sin embargo, recalcó que la responsabilidad actual de los representantes del PLD es actuar en coherencia con los principios de la organización.
«Nosotros somos un partido político… y los partidos políticos tenemos el deber con nuestros ciudadanos… la gente confía en la organización en la medida en que sus funcionarios actúan coherentemente», puntualizó Pujols, reafirmando que la modificación es una necesidad imperativa para evitar lo que calificó como un retorno a prácticas de censura similares a épocas dictatoriales.
