Santo Domingo.– El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza, presentó un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal dominicano con el objetivo de garantizar la libertad de expresión ciudadana, proteger el ejercicio periodístico y brindar mayor seguridad jurídica a los profesionales de la salud.
La iniciativa plantea reformas a la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, aprovechando el período de vacatio legis de doce meses establecido antes de su entrada en aplicación, con el propósito de revisar y adecuar aspectos de la normativa.
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En materia de libertad de expresión, la propuesta contempla la eliminación de los artículos 310 y 311 relacionados con el delito de ultraje a funcionarios públicos, al considerar que estas disposiciones podrían entrar en contradicción con principios de legalidad y estándares internacionales sobre derechos humanos.
Asimismo, plantea eliminar las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria, estableciendo que estos casos sean sancionados mediante multas y reparación civil. También propone impedir que los medios de comunicación puedan ser cerrados, que se revoquen licencias o que se incauten equipos como consecuencia de infracciones contra el honor.
El proyecto además busca precisar el concepto de difamación extorsiva, estableciendo que el ejercicio legítimo del periodismo, la protesta pacífica y las denuncias realizadas de buena fe no sean consideradas como conductas delictivas.
Protección al ejercicio médico
En cuanto al sector salud, la propuesta establece que la práctica médica constituye una obligación de medios y no de resultados, por lo que plantea limitar la responsabilidad penal de los profesionales cuando exista una falta grave e inexcusable conforme a los protocolos técnicos y científicos.
La iniciativa señala que los médicos no deberán enfrentar responsabilidad penal cuando los resultados adversos sean consecuencia de deficiencias estructurales del sistema sanitario, falta de insumos, equipos, medicamentos o problemas organizativos que no dependan directamente del profesional.
También propone que la existencia de un resultado negativo en un procedimiento médico no sea suficiente para presumir culpabilidad, sino que sea necesaria una evaluación mediante pruebas periciales técnicas especializadas.
El diputado sostuvo que la reforma busca lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes, la rendición de cuentas y la garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio seguro de la medicina.
