CARACAS.- Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela lidia con las devastadoras consecuencias de los terremotos que causaron al menos 2.595 muertos y que han puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones.
La captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas el 3 de enero había abierto un nuevo y prometedor capítulo para un país atrapado en una prolongada crisis política, económica y social.
Pero ahora esa misma Venezuela atraviesa una emergencia nacional que ha enlutado a miles de familias y lucha por curar a los más de 12.000 heridos.
El país petrolero, con una infraestructura deteriorada tras años de corrupción, falta de mantenimiento y cuestionadas gestiones, tiene hoy también ante sí el colosal reto de subsanar los daños físicos equivalentes a 6.700 millones de dólares, alrededor del 6 % del producto interno bruto (PIB), según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El Gobierno venezolano cifra en más de 12.800 las personas que se quedaron sin viviendas debido a comprometedores daños y al colapso de numerosos edificios, la gran mayoría en el estado costero de La Guaira, en el norte del país y aledaño a Caracas, el más golpeado por los terremotos.
Se trata de una catástrofe que pone a prueba no solo al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, sino a su nuevo «amigo y socio», Estados Unidos, y al plan establecido por la Administración de Donald Trump para Venezuela, especialmente la segunda de las tres fases: recuperación.
