Washington.- Una jueza federal bloqueó de manera permanente la implementación de una orden ejecutiva que pretendía exigir prueba de ciudadanía para poder registrarse y votar en Estados Unidos, al considerar que la medida es inconstitucional y excede las facultades del poder ejecutivo.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Distrito de Boston, donde la magistrada concluyó que el presidente no tiene autoridad legal para imponer requisitos electorales de forma unilateral, ya que la regulación del proceso electoral corresponde exclusivamente al Congreso y a los estados.
El fallo convierte en permanente una orden preliminar dictada anteriormente que ya había suspendido la aplicación de la medida mientras se conocía el caso.
La normativa había sido impulsada como parte de una reforma electoral promovida por el expresidente Donald Trump, la cual incluía la exigencia de presentar documentos oficiales que acreditaran la ciudadanía estadounidense como requisito para registrarse en el padrón electoral.
Recomendamos leer: Abelardo de la Espriella dice que “restaurará” la relación de Colombia con Israel
De acuerdo con la jueza, esta disposición vulnera el principio constitucional de separación de poderes, al intentar modificar reglas electorales sin la aprobación del Congreso.
La decisión judicial representa un nuevo revés para la iniciativa, que también incluía otras modificaciones al sistema electoral, como restricciones al voto por correo y cambios en los procedimientos de conteo de boletas.
La demanda fue presentada por una coalición de fiscales generales de varios estados, quienes argumentaron que la medida podría afectar el derecho al voto de millones de ciudadanos estadounidenses, especialmente personas con dificultades para acceder a documentación oficial.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales demandantes, celebró el fallo al considerar que protege uno de los derechos fundamentales del sistema democrático estadounidense.
Mientras tanto, sectores políticos conservadores han insistido en que la medida buscaba reforzar la seguridad electoral y prevenir posibles casos de fraude, aunque expertos en derecho electoral han señalado que el voto de no ciudadanos ya es ilegal en el país.
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre el acceso al voto en Estados Unidos y el alcance del poder presidencial en la modificación de normas electorales, un tema que continúa generando fuertes divisiones políticas en el país.
