Santiago.- La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, afirmó que el Ministerio Público no sustentará su acusación en las declaraciones que puedan ofrecer los imputados del caso Onco14, sino en las pruebas recopiladas durante la investigación, las cuales, según aseguró, permitirán establecer las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, la magistrada explicó que las declaraciones de los encartados constituyen un derecho procesal que estos pueden ejercer de manera voluntaria, pero insistió en que la obligación del órgano acusador es demostrar los hechos ante los tribunales mediante evidencias sólidas.
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“Independientemente de la declaración que vaya a dar un ciudadano, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de demostrar con pruebas su responsabilidad o vínculo con los hechos investigados”, expresó Abreu Peña.
La representante del Ministerio Público se refirió al tema luego de que durante la audiencia, la defensa de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer y exesposa de Héctor Lora Cruceta, revelara que la imputada está dispuesta a colaborar con las autoridades en torno a las funciones que desempeñó dentro de la institución, una postura que podría ser tomada en cuenta por el tribunal al momento de valorar las medidas cautelares.
Sin embargo, la fiscal indicó que el equipo investigador se encuentra preparado para presentar pruebas directas y documentales que sustenten jurídicamente la acusación, sin depender de las manifestaciones realizadas por los imputados durante el proceso judicial.
Abreu Peña destacó además que uno de los aspectos más sensibles de la investigación son los pacientes con enfermedades catastróficas que presuntamente resultaron afectados por las acciones bajo investigación.
“Hay una parte vulnerable en este caso que son los pacientes. Es un tema que debe sensibilizar a toda la sociedad, porque estamos hablando de personas cuya salud pudo verse comprometida y que requerían atención inmediata”, señaló.
Asimismo , que las pesquisas buscan determinar si los imputados habrían utilizado posiciones de poder y funciones vinculadas al sistema de salud para ejecutar acciones que afectaron servicios destinados a pacientes en condiciones críticas.
La funcionaria judicial afirmó que la investigación continúa avanzando y que el Ministerio Público mantiene el compromiso de presentar ante el tribunal todas las evidencias necesarias para establecer la verdad de los hechos y procurar las sanciones correspondientes en caso de demostrarse las imputaciones.
El caso Onco14 ha generado gran expectativa pública debido a las presuntas irregularidades investigadas y al posible impacto que estas habrían tenido sobre pacientes que dependían de tratamientos y servicios médicos especializados.
