Santo Domingo.– Una coalición de organizaciones civiles, religiosas y ciudadanas compareció este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender la protección de la vida desde la concepción y rechazar tajantemente una acción directa de inconstitucionalidad que pretende despenalizar el aborto en el nuevo Código Penal.
Durante una audiencia pública, el bloque de intervinientes voluntarios solicitó a la alta corte desestimar la demanda interpuesta por grupos proaborto, advirtiendo que el intento de anular los artículos que penalizan esta práctica no solo viola la Constitución, sino que representa un atentado directo contra la soberanía nacional frente a presiones de organismos internacionales.
Defensa del orden constitucional y el Código Penal
La barra de la defensa, encabezada por la abogada Carmen Orozco Martínez, argumentó que las disposiciones del nuevo Código Penal no son arbitrarias, sino el fiel cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución dominicana, el cual consagra de manera irrevocable que «el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte».
A través de un documento técnico presentado a los magistrados, las organizaciones detallaron el equilibrio jurídico de los artículos impugnados:
Artículos 106, 107 y 108: Mantienen la penalización y sanción para quienes causen, cooperen, consientan o provoquen profesionalmente la interrupción de un embarazo, protegiendo así la vida del nasciturus (el no nacido).
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Artículo 111 (Eximente terapéutica): Demuestra que la normativa no ignora a la mujer, pues establece que no será sancionado el personal médico que, tras agotar todos los medios científicos y técnicos disponibles, interrumpa el embarazo con el fin de salvar la vida de la madre, del feto o de ambos frente a un peligro inminente.
Rechazo a la injerencia extranjera y la extralimitación judicial
Los intervinientes expresaron su profunda preocupación por la participación en este proceso de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ONGs internacionales financiadas desde el exterior como (Human Rights Watch, IPAS, entre otras), que actúan como terceros intervinientes para presionar al Estado dominicano.
“Ningún tratado internacional ratificado por nuestro país obliga a legalizar el aborto. Intentar que el Tribunal Constitucional cree un ‘derecho’ que nuestra Carta Magna prohíbe expresamente es usurpar las funciones del Congreso Nacional y ceder la autodeterminación del pueblo dominicano a agendas ideológicas foráneas”, señalaron los representantes de las organizaciones.
Próximos pasos en el proceso
La audiencia contó además con la participación de representantes del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ministerio Público, quienes consideraron inadmisibles las argumentaciones de los accionantes.
Al finalizar los debates, el Tribunal Constitucional otorgó un plazo de cinco días a la parte accionante para responder a las defensas, tras lo cual la coalición provida y las instituciones del Estado dispondrán de un plazo adicional de cinco días para presentar sus contraargumentos definitivos.
Las organizaciones concluyeron su intervención manifestando su confianza en que los magistrados del Tribunal Constitucional actuarán como guardianes de la Carta Magna, blindando la seguridad jurídica del país y reafirmando que en la República Dominicana la vida se respeta en todas sus etapas.
Entre las organizaciones intervinientes se encuentran la Arquidiócesis de Santo Domingo, Pro-Nación, Juventud Con Una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Mercedes Núñez, Anny Esther Burgos y la abogada actuante Carmen Orozco Martínez.
