Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción contra diez imputados señalados por el Ministerio Público como integrantes de una presunta estructura criminal dedicada a estafar, extorsionar y lavar activos provenientes de operaciones ilícitas que tenían como víctimas a ciudadanos de Estados Unidos.
La audiencia será encabezada por la jueza Yiberty Polanco a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el proceso fuera aplazado para permitir que los abogados de la defensa estudiaran el voluminoso expediente presentado por el órgano acusador.
Según el Ministerio Público, la red fue desmantelada mediante la Operación XL526, una investigación que permitió identificar una supuesta estructura organizada que habría movilizado millones de pesos obtenidos a través de esquemas fraudulentos y maniobras de extorsión dirigidas principalmente contra víctimas en territorio estadounidense.
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Entre los principales imputados figuran Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, quienes son señalados como presuntos cabecillas de la organización. Los demás encartados habrían desempeñado funciones estratégicas dentro de la estructura criminal, de acuerdo con las investigaciones.
Durante la audiencia anterior, los representantes legales de los acusados argumentaron que recibieron la notificación formal del expediente apenas un día antes del conocimiento de la coerción, situación que, según sostuvieron, limitaba su capacidad para analizar las pruebas y preparar adecuadamente su estrategia de defensa.
La magistrada Polanco acogió el pedimento de los abogados y ordenó la suspensión temporal del proceso, fijando para este lunes la continuación de la audiencia, donde se espera que el Ministerio Público presente los principales elementos de prueba que sustentan la solicitud de medidas cautelares contra los imputados.
El caso ha generado gran expectativa en Santiago debido a la magnitud de las acusaciones y a la cantidad de recursos económicos que, según las autoridades, habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas atribuidas a la presunta organización criminal.
