La Romana. – El diputado y abogado Carlos de Pérez, realizó denuncia pública sobre presuntas irregularidades y abusos cometidos por el Ministerio Público en la provincia de La Romana, haciendo un llamado directo a la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, y al presidente del Consejo del Poder Judicial para que intervengan ante lo que calificó como “graves violaciones de derechos fundamentales”.
“Quiero denunciar formalmente que en La Romana se están cometiendo arbitrariedades. El viernes pasado fueron apresadas dos personas de forma irregular, sin ningún fundamento legal ni lógica alguna. Gracias a un recurso de habeas corpus, logramos su libertad el lunes, pero la situación no terminó ahí”, expresó De Pérez.
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Según el legislador, cuando las personas afectadas acudieron a una audiencia de medida de coerción, se encontraron con una nueva orden de arresto emitida por el Ministerio Público. “Mi preocupación es que una de las querellantes en este caso es miembro del Ministerio Público, y temo que eso esté influyendo en el curso del proceso. No se debe permitir que una institución que debe velar por la legalidad actúe con parcialidad o venganza”, sostuvo.
Carlos de Pérez también denunció que en La Romana se ha hecho costumbre apresar a familiares de personas buscadas por las autoridades, como forma de presión. “Cuando no encuentran al hijo, apresan al padre. Eso es inaceptable y debe parar”, afirmó.
En su calidad de abogado, De Pérez aseguró que el caso en cuestión se trata de un conflicto de índole civil por retrasos en una obra de construcción en Caleta, debido a la demora en los permisos del Ministerio de Turismo. “No se trata de un hecho penal. Están utilizando el poder del Ministerio Público para criminalizar un asunto estrictamente civil, lo cual es un abuso de poder”, agregó.
El diputado concluyó reiterando su denuncia pública y anunciando que se trasladará personalmente a La Romana a brindar asistencia legal, exhortando a las autoridades competentes a investigar y frenar lo que calificó como “un uso distorsionado de la justicia”. “Lo que está ocurriendo en La Romana es penoso, muy penoso. No podemos permitir que la justicia se convierta en un instrumento de atropello”, sentenció.
