Santiago. — El Ministerio Público reveló los detalles de una presunta red de cibercrimen que operaba desde la provincia Santiago y que habría estafado a más de 400 ciudadanos estadounidenses mediante un sofisticado esquema de extorsión digital basado en anuncios falsos de servicios sexuales.
Según el expediente de la denominada Operación XL 526, la organización tenía sus principales centros de operaciones en el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos, desde donde coordinaba una estructura que utilizaba tecnología, manipulación psicológica y amenazas para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la red publicaban anuncios ficticios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo supuestos servicios sexuales. Para ocultar su ubicación real, utilizaban números telefónicos virtuales estadounidenses que redirigían llamadas y mensajes hacia centros de operaciones instalados en Santiago.
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Una vez que una persona contactaba los anuncios, los operadores obtenían información personal, fotografías y, en algunos casos, pagos iniciales mediante tarjetas de regalo. Posteriormente, la organización realizaba búsquedas en bases de datos públicas de Estados Unidos para recopilar detalles como direcciones, familiares, lugares de trabajo y otros datos sensibles de las víctimas.
Con esa información, los estafadores volvían a comunicarse haciéndose pasar por administradores o representantes de las supuestas mujeres anunciadas. Bajo un discurso intimidante, exigían pagos alegando que la joven había perdido otros clientes o había sido perjudicada económicamente.
Cuando las víctimas se negaban a pagar, la red elevaba el nivel de presión mediante amenazas. Según el Ministerio Público, los implicados enviaban mensajes, audios y videos en los que afirmaban pertenecer a organizaciones criminales violentas como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas.
Las amenazas eran reforzadas con montajes audiovisuales de individuos armados y encapuchados, acompañados de mensajes personalizados que incluían nombres de familiares y datos privados de las víctimas para aumentar la credibilidad del peligro.
Las autoridades sostienen que muchas personas terminaron realizando pagos debido al miedo generado por las amenazas. El dinero era enviado a través de plataformas digitales como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime y transferencias en criptomonedas.
Para dificultar el rastreo de los fondos, la estructura utilizaba intermediarios en territorio estadounidense que recibían el dinero y posteriormente lo transferían a República Dominicana mediante empresas remesadoras. Según la investigación, los involucrados cobraban comisiones de entre un 15 % y un 30 % por cada movimiento financiero.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la operación, las autoridades ocuparon decenas de teléfonos celulares, máquinas para contar dinero, sellos de entidades financieras falsas y barras de oro presuntamente vinculadas a las actividades ilícitas.
El Ministerio Público también asegura haber identificado movimientos bancarios por decenas de millones de pesos, además de propiedades y terrenos que habrían sido adquiridos para el presunto lavado de activos. Asimismo, presentó reportes que indicarían que varios de los imputados no registraban empleos formales que justificaran los recursos manejados.
La acusación está respaldada por interceptaciones telefónicas, informes forenses, análisis periciales y registros de transferencias financieras que, según los fiscales, documentan el funcionamiento de la estructura criminal.
El próximo lunes, un tribunal de Atención Permanente conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que incluye prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo debido al número de implicados y la magnitud de la presunta operación delictiva.
