Santo Domingo.- El dictamen emitido este viernes por la jueza Altagracia Ramírez, en el Cuarto Juzgado de la Instrucción, que otorga un auto de no ha lugar en favor de Gonzalo Castillo en el caso Calamar, marca un punto de inflexión definitivo en el panorama político y judicial de la República Dominicana.
Al desestimar las acusaciones del Ministerio Público por el caso Calamar, el tribunal no solo desarmó el expediente penal contra el exministro de Obras Públicas, sino que lo fortaleció de inmediato dentro del tablero electoral de cara al año 2028.
Para el Partido de la Liberación Dominicana, esta decisión judicial se convierte en un poderoso activo narrativo que utilizarán para validar su postura de que los procesos por presunta corrupción respondían a una estrategia de persecución política y judicialización por parte del oficialismo.
Con este descargo y la reciente restitución de su visa estadounidense de diez años, Gonzalo Castillo limpia su perfil público y se reposiciona como una figura elegible con un renovado capital político dentro de la oposición.
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El fallo representa un revés de gran magnitud para la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y su estrategia de persecución penal de casos complejos.
Que la magistrada del Cuarto Juzgado de la Instrucción determinara la insuficiencia de las pruebas o el vencimiento de los plazos procesales pone bajo la lupa la efectividad técnica del Ministerio Público para sostener expedientes de alto perfil en los tribunales.
Este desenlace debilita la percepción pública sobre el blindaje de las investigaciones estatales y deja en evidencia que las presiones mediáticas y las delaciones premiadas no siempre logran superar el estándar legal exigido por el debido proceso en las fases críticas de instrucción.
