Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de fortalecer la transparencia, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de recursos y personas vinculadas a actividades ilícitas en las organizaciones partidarias.
La iniciativa introduce cambios a varios artículos de la legislación vigente con la finalidad de robustecer los estándares de integridad y legalidad dentro del sistema político dominicano.
Entre las principales modificaciones se encuentran la incorporación de requisitos de debida diligencia y criterios de integridad para los procesos internos de selección de candidatos y autoridades partidarias, así como el fortalecimiento de las facultades de supervisión y fiscalización de la Junta Central Electoral (JCE).
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La reforma también establece medidas dirigidas a impedir el ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas al financiamiento de los partidos políticos, en un esfuerzo por garantizar una mayor transparencia en el origen y uso de los recursos destinados a las actividades electorales y partidarias.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de programas y unidades de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas, responsables de velar por el respeto a las disposiciones legales y los controles internos relacionados con la gestión financiera y administrativa.
La propuesta incluye además un régimen de sanciones para las violaciones a la normativa, respetando el debido proceso y el principio de autorregulación de los partidos políticos.
Con la aprobación de esta modificación legislativa, el Senado busca contribuir al fortalecimiento institucional del sistema democrático, promoviendo una mayor rendición de cuentas y elevando los niveles de confianza ciudadana en las organizaciones políticas.
Los legisladores consideran que las nuevas disposiciones permitirán desarrollar procesos internos más transparentes, responsables y ajustados a los principios de legalidad que demanda la sociedad dominicana.
