Santo Domingo. El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Mejía, condenó enérgicamente la reciente decisión de la administración del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 10% a las exportaciones dominicanas, calificándola como una «agresión directa a la soberanía económica» de la República Dominicana.
Mejía recordó que desde el 2007, la República Dominicana mantiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos bajo el marco del DR-CAFTA, el cual ha sido fundamental para el crecimiento de la relación comercial entre ambas naciones. Sin embargo, señaló que la medida adoptada por el gobierno de Trump contraviene los principios de este acuerdo, al imponer un arancel sin previo aviso ni consenso.
«Este arancel es una clara manifestación de agresión a nuestra soberanía económica. La decisión tomada de manera arbitraria y unilateral pone en riesgo el intercambio comercial que hemos trabajado durante años en construir», expresó Mejía, quien advirtió que esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía global y, en particular, para la dominicana.
El exministro subrayó que las exportaciones de la República Dominicana hacia los Estados Unidos están compuestas mayoritariamente por productos manufacturados en zonas francas, tales como cacao, azúcar, frutas y vegetales, instrumentos médicos, cigarros y ropa. Según Mejía, la imposición del arancel generará un aumento significativo en los costos de producción de estas empresas, lo que podría llevar a despidos masivos de trabajadores y afectar directamente el empleo en el país.
«Este golpe a las zonas francas pone en peligro miles de empleos y afecta la estabilidad económica de las familias dominicanas», afirmó. «Con esta medida, el gobierno de Trump no solo incrementa la presión sobre nuestras empresas, sino que además complica aún más la situación económica global, exacerbando problemas como la inflación, el desempleo y la depreciación de las monedas, afectando principalmente a los países más vulnerables, como el nuestro.»
Mejía hizo un llamado a las autoridades dominicanas para que actúen de inmediato para defender los intereses de la economía nacional, y buscar alternativas que mitiguen el impacto de esta decisión. «Es fundamental que el gobierno de la República Dominicana tome una postura firme ante esta agresión y busque soluciones que protejan a las empresas y trabajadores afectados», concluyó.
