SANTO DOMINGO, RD. — El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Enercido Amaurys Heredia González, acusado de hacerse pasar por abogado y fiscal para cometer estafas y extorsiones.
El imputado fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, mientras presuntamente ejecutaba su esquema fraudulento contra una de sus víctimas.
De acuerdo con la Dirección General de Persecución, Heredia González enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones públicas y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El expediente indica que, durante al menos dos años, el acusado habría operado de manera sistemática un entramado de suplantación de identidad, chantaje y extorsión.
Las investigaciones han identificado al menos cuatro víctimas directas, con pérdidas económicas que ascienden a decenas de miles de pesos, además de una tentativa de extorsión por RD$150,000.
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Según el Ministerio Público, el imputado se presentaba como abogado —condición que no posee— y como fiscal en ejercicio. Para dar apariencia de legalidad, utilizaba un número de WhatsApp con el logo oficial de la institución, desde el cual enviaba citaciones falsas vinculando a sus víctimas con supuestos casos de homicidio, con el objetivo de exigir pagos por servicios legales inexistentes o amenazar con arrestos.
El órgano acusador estableció además que Heredia González es estudiante activo de Derecho en una universidad, sin haber obtenido título profesional. Durante su arresto le fue ocupado su carné estudiantil.
El caso que permitió su captura ocurrió el pasado 29 de abril, cuando el imputado acudió junto a una víctima a la sede central del Ministerio Público para exigir el pago restante de un supuesto acuerdo legal. La situación levantó sospechas cuando la víctima consultó en recepción por el fiscal mencionado y se le informó que no existía.
Ante esto, el fiscal Miguel J. Collado García intervino y procedió al arresto en flagrante del imputado.
El expediente también detalla que Heredia González llegó a ofrecerse como defensor en casos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), negociando honorarios de hasta RD$300,000, que luego reducía para asegurar pagos iniciales.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y está sustentada en pruebas documentales, materiales y testimoniales.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, que tipifican la estafa y la usurpación de funciones, así como a los artículos 15 y 17 de la Ley 53-07.
El caso continúa en proceso judicial, mientras el órgano persecutor insiste en la prisión preventiva como garantía para evitar la fuga del imputado y proteger a las víctimas.
