Santo Domingo.– El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr. se opuso a la aprobación “acelerada” del proyecto de ley que busca autorizar el pago a contratistas del Estado, al considerar que, aunque la iniciativa tiene un espíritu noble, el proceso legislativo ha sido inadecuado al no enviarse a comisión para su estudio.
El legislador advirtió que la falta de revisión detallada podría generar inconsistencias legales y abrir espacio a cuestionamientos sobre los criterios utilizados para reconocer deudas, insistiendo en la necesidad de una evaluación exhaustiva antes de su aprobación.
Recordó que una versión anterior del proyecto fue introducida el 12 de diciembre, leída y aprobada el mismo día sin ser enviada a comisión. Posteriormente, el Poder Ejecutivo la observó en su totalidad, alegando inconsistencias constitucionales y cuestionando la falta de criterios claros para reconocer la calidad de acreedor de los beneficiarios.
El diputado advirtió que la situación genera un escenario jurídico complejo, ya que la Constitución establece que, si un proyecto observado no se modifica en dos legislaturas, las observaciones podrían convertirse en ley. A su juicio, esto podría derivar en la coexistencia de iniciativas similares y en eventuales cuestionamientos ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, cuestionó los cambios introducidos en la nueva versión, que ahora incluye tanto obras con contrato como sin contrato, y criticó la rapidez con la que se intenta aprobar un documento de más de cien páginas sin un análisis detallado.
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En ese sentido, insistió en que el proyecto debe ser remitido a comisión para una evaluación exhaustiva, que permita verificar si todas las obras incluidas cumplen con los requisitos y si realmente existen deudas pendientes.
El legislador también pidió que instituciones como Educación, Vivienda y otras entidades responsables expliquen los criterios utilizados para seleccionar las obras contempladas en la pieza legislativa.
“Estamos hablando de recursos del erario, no de dinero propio. Como fiscalizadores, tenemos la responsabilidad de garantizar que cada persona incluida haya cumplido y que el Estado realmente le deba”, enfatizó.
Finalmente, reiteró su llamado a evitar que intereses particulares o posibles favoritismos empañen una iniciativa que, bien estructurada, podría beneficiar a quienes legítimamente esperan pagos del Estado, y advirtió que aprobarla sin el debido proceso “también habla mal del Congreso”.
