Santo Domingo.- El abogado y dirigente político Ángel Julián Serulle cuestionó de manera el intento de miembros de la Cámara de Cuentas de incrementarse el salario en un 50 %, al considerar que la medida resulta inoportuna frente a la difícil situación económica que atraviesa el país.
Serulle sostuvo que, en momentos en que gran parte de la población sobrevive con salarios mínimos de entre 25,000 y 27,000 pesos, resulta desproporcionado que funcionarios públicos aspiren a incrementos significativos sin antes demostrar resultados en sus funciones.
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“No se trata de comparar responsabilidades, sino de actuar con sensibilidad frente a la realidad del pueblo”, expresó.
El jurista advirtió que el país enfrenta un escenario económico complejo, marcado por presiones fiscales, altos costos y limitaciones en el presupuesto estatal, lo que, a su juicio, obliga a los funcionarios a actuar con objetividad y prudencia. En ese sentido, llamó al presidente de la República a dirigirse al país y exhortar a todos los sectores a asumir una actitud de responsabilidad colectiva.
“El Gobierno necesita respaldo de todos los sectores. Si no se controlan los precios de los productos de primera necesidad y no hay conciencia en la administración pública, la situación podría agravarse y afectar aún más a la población”, indicó.
Serulle también cuestionó el desempeño de la Cámara de Cuentas, señalando que muchos ciudadanos desconocen el rol de sus miembros y que estos aún no han demostrado plenamente su capacidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos. “Antes de hablar de aumentos, deben evidenciar quiénes son y cómo están cumpliendo su misión de proteger el patrimonio del Estado”, enfatizó.
Asimismo, criticó lo que definió como una visión individualista dentro de la función pública, recordando que ocupar un cargo estatal no debe ser visto como una vía para mantener privilegios personales.
Aseguró que el ejercicio público implica sacrificio y compromiso con el interés general, por encima de beneficios particulares.
Reiteró en que el país atraviesa un momento que exige unidad y conciencia nacional, donde las decisiones deben priorizar el bienestar colectivo y no intereses individuales dentro del aparato estatal.
