Un hombre denunció este martes que es víctima de una supuesta persecución judicial por parte de una ex empleada con la que mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años y que ahora le reclama la mitad de sus bienes.
Ariel Castillo explicó que Jennifer Tais Ortiz interpuso una querella con constitución en actor civil, mediante la cual exige la partición de bienes, alegando que le corresponde el 50 % del patrimonio del denunciante. Sin embargo, Castillo sostiene que nunca existió unión legal ni convivencia formal, sino una relación extramatrimonial, por lo que considera improcedente la demanda.
Según su versión, a raíz de la acción civil se han originado varios procesos penales en su contra, los cuales califica como “denuncias falsas”.
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Su abogado, José Paula, informó que en junio del pasado año a su defendido se le impuso prisión preventiva, medida que posteriormente fue variada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación, tras verificarse presuntas violaciones a los plazos procesales.
El jurista indicó que Castillo ha cumplido con todas las medidas cautelares impuestas por los tribunales y aseguró que, en una ocasión, una orden de arresto fue dejada sin efecto luego de que en audiencia se determinara que la denuncia carecía de fundamento.
No obstante, afirmó que se han presentado nuevas querellas que han derivado en otras órdenes de apresamiento, situación que —según dijo— ha afectado la salud y estabilidad emocional de su representado.
En el ámbito civil, explicó que la Sexta Sala para Asuntos de Familia falló inicialmente a favor de Castillo, rechazando la demanda en partición de bienes. Sin embargo, la parte demandante apeló la decisión, por lo que el proceso continúa abierto.
El abogado hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y al fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Eduardo López, para que presten atención al caso y garanticen el debido proceso.
“Ariel Castillo es hombre, pero también tiene derecho”, enfatizó el defensor, al reiterar que su cliente busca que se respeten las garantías legales en el desarrollo del proceso.
