Santo Domingo.- El coronel Rafael Núñez de Aza presentó este jueves su defensa material ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde aseguró que el Ministerio Público no ha logrado destruir su presunción de inocencia y cuestionó la acusación en su contra, particularmente en los aspectos probatorios y financieros.
Durante su exposición ante las juezas, Núñez de Aza depositó documentación bancaria y fiscal que, según explicó, evidencia que mantiene relaciones económicas con distintas entidades financieras del país desde la década de los años noventa, incluyendo transacciones de hasta US$500,000 y montos millonarios en pesos dominicanos, muy anteriores a los hechos que le atribuye la acusación.
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El imputado también presentó registros de pago de impuestos, rechazando las imputaciones de ocultamiento de ingresos o evasión fiscal. Sostuvo que su trayectoria económica “no comienza ni termina” con los cargos que ocupó en instituciones del Estado.
Negocios previos y ejercicio profesional
Núñez de Aza indicó que mantiene relaciones comerciales con la pastora Rossi Guzmán, también imputada en el proceso, desde el año 2001, aclarando que se trató de negocios lícitos cuyos montos oscilaron entre cientos de miles y millones de pesos, y que (según afirmó) espera continuar en el futuro.
Asimismo, explicó que como contador de profesión ofrecía servicios de auditoría externa, actividad que formaba parte de su ejercicio profesional regular y que, a su juicio, justifica parte de los movimientos financieros que hoy son cuestionados.
Matriz financiera y cuestionamientos a la acusación
Uno de los ejes centrales de su defensa fue la presentación de una matriz de flujo de efectivo, elaborada a partir del análisis del destino de los fondos investigados en el proceso.
“Del análisis del destino de los recursos y de quiénes resultaron finalmente beneficiados, he preparado una matriz de flujo de efectivo que considero oportuno presentar ante este honorable tribunal”, expresó.
Explicó que dicha matriz identifica, mediante códigos de colores, a personas físicas y jurídicas, entidades bancarias y los mayores volúmenes de recursos movilizados, lo que (según sostuvo) demuestra que las transacciones no siguieron un patrón uniforme como plantea el Ministerio Público.
En ese sentido, afirmó que los principales movimientos financieros correspondieron a Raúl Girón y a su hermano Vicente Girón Jiménez, y no a él, como sostiene la acusación.
“El dinero deja rastro. Por eso exhorto respetuosamente a este tribunal a estudiar este caso con profundidad y objetividad”, manifestó.
Llamado al tribunal
Núñez de Aza solicitó a las juezas que su caso sea evaluado únicamente sobre la base de hechos probados que guarden relación directa con su persona, y no por actuaciones ocurridas dentro de un entorno institucional donde —según dijo— múltiples actores tenían acceso, control y capacidad operativa.
“La verdad se demuestra, y quien actúa conforme a ella no teme la revisión. Lo único que pido es que no se me atribuya lo que no he hecho”, concluyó.
Contexto del caso
El Ministerio Público acusa a Rafael Núñez de Aza de ser uno de los principales implicados en un presunto entramado de corrupción administrativa, señalándolo como el supuesto cerebro financiero de una red que habría desviado fondos públicos desde entidades como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), dentro del caso conocido como Operación Coral.
Con la presentación de la defensa material de Núñez de Aza, el proceso judicial entra en su fase final. Una vez los demás imputados expongan sus defensas, el Ministerio Público quedará habilitado para presentar sus conclusiones finales, tras lo cual el tribunal procederá a deliberar y emitir su fallo conforme a derecho.
