El discurso oficial es claro: ninguna persona en condición migratoria irregular puede permanecer en el país. Así lo repiten las autoridades, así se justifican los operativos de detención y deportación. Sin embargo, los documentos firmados por ese mismo Estado revelan una política paralela que contradice el mensaje público.
En abril de 2023, la República Dominicana suscribió un acuerdo con el Banco Mundial para ejecutar una donación de US$4.6 millones más de RD$270 millones destinada a un proyecto que registra inmigrantes irregulares, capacita a mujeres extranjeras y promueve su inclusión en estructuras sociales, sin exigir estatus migratorio regular.
El proyecto, denominado «Respuesta multisectorial a la movilidad humana», involucra al Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Migración, el Ministerio de la Mujer, SIUBEN, Supérate, el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional de Estadística y DIECOM.
En la práctica, mientras una parte del Estado ejecuta operativos para deportar personas irregulares, otra desarrolla un programa financiado internacionalmente para identificar, proteger e integrar a esa misma población. Ambas líneas se ejecutan simultáneamente bajo el mismo marco institucional.
El proyecto inició en junio de 2023 y fue extendido hasta julio de 2026. Según informes oficiales, más de US$3 millones ya han sido desembolsados.
Destino de los fondos
El Instituto Nacional de Migración lidera el proyecto con US$1.4 millones para consultorías, servicios técnicos y fortalecimiento institucional.
SIUBEN recibió más de US$1 millón para adaptar su plataforma e incorporar 85,000 hogares de extranjeros a la base social del Estado, aunque no cuenten con cédula dominicana ni documentación del país de origen. Los informes reconocen que, conforme a la ley vigente, estas personas no serían elegibles para programas sociales, pero plantean crear mecanismos legales que permitan su inclusión.
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La Dirección General de Migración, responsable de detenciones y deportaciones, tiene asignados US$380,000 para reforzar protocolos y hacer los operativos «más humanos», según los documentos.
DIECOM recibió US$190,000 para campañas de comunicación orientadas a promover la convivencia y modificar la percepción pública sobre migración, incluyendo monitoreo de redes sociales y producción audiovisual.
El Ministerio de la Mujer ejecuta un componente para mujeres inmigrantes sin importar su estatus. Los informes indican que el 50% de las mujeres en hogares de paso son haitianas, y el proyecto contempla capacitación, traducción de documentos y provisión de equipos.
Un elemento crítico del acuerdo establece que ninguna persona puede ser excluida por su situación migratoria y que los datos recopilados no deben compartirse con la Dirección General de Migración. Esta cláusula está expresamente consignada en los documentos.
Gestión de percepciones
El plan de compras revela que los fondos no refuerzan la frontera ni aumentan controles migratorios. Se orientan a gestionar la percepción social sobre migración.
Entre los renglones aprobados: US$85,000 en material audiovisual educativo, US$83,000 en software para monitorear redes sociales y medios digitales, y US$85,000 en una encuesta nacional sobre percepción migratoria, aún pendiente.
También se aprobó una estrategia piloto de «coexistencia pacífica» entre comunidades locales y migrantes (US$29,000), y la Dirección General de Migración recibió US$68,400 para equipos biométricos móviles en permisos fronterizos.
La contradicción
En ningún componente del proyecto se plantea fortalecer la frontera, aumentar controles o retener personas irregulares. La planificación se concentra en inclusión, sensibilización y adaptación institucional.
El resultado es una contradicción entre el discurso público y los compromisos escritos. Mientras se exige control migratorio y cumplimiento de la ley, el Estado se compromete a no excluir inmigrantes irregulares y a integrarlos en estructuras sociales a las que muchos ciudadanos dominicanos no acceden.
Ambas narrativas se ejecutan con fondos públicos bajo la misma institucionalidad, evidenciando una política migratoria fragmentada donde el discurso y los documentos no coinciden.
