La red de corrupción imponía coimas de hasta un 35%, desviando una parte sustancial de los recursos destinados a la atención en salud
Hemodiálisis facturadas a personas fallecidas, vacunas del Programa Ampliado de Inmunización cobradas como si fueran privadas, tratamientos oncológicos inflados con sesiones innecesarias de quimioterapia y radioterapia. La Operación Cobra documenta un entramado que habría desviado más de RD$15,921 millones del Seguro Nacional de Salud, la aseguradora pública que garantiza atención médica a millones de dominicanos vulnerables.
El expediente del Ministerio Público incluye también autorizaciones médicas que los propios afiliados aseguran nunca haber recibido y, en algunos casos, consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres.
La estructura desde la cúpula
La acusación señala que el esquema fue articulado desde la Dirección Ejecutiva de SENASA por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, entonces director de la entidad. Bajo su gestión, sostiene la PEPCA, se conformó una coalición de funcionarios que tomó control de los procesos de contratación y pagos, desplazando criterios técnicos para favorecer intereses económicos específicos.
En ese núcleo figuran Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico señalado como receptor de sobornos; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero a quien se atribuye la manipulación de registros contables; y Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Salud vinculado a la validación de contratos sin cumplimiento de requisitos.
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Uno de los mecanismos clave fue la creación de un Comité de Contrataciones Médicas sin base legal, que concentró las decisiones sobre prestadores y programas especiales, permitiendo la asignación discrecional de contratos dentro de SENASA.
Sobornos del 30% y contratos millonarios
El Ministerio Público identifica como eje central del esquema la exigencia de sobornos equivalentes a entre 30% y 35% de los pagos realizados por SENASA a las empresas contratadas.
En el caso de Nutri-Med CAS, Nutrición & Medicina, SRL., vinculada a la imputada Cinty Acosta Sención, la acusación sostiene que la empresa pagó sobornos por más de RD$1,165 millones. Parte de esos fondos habría sido canalizada inicialmente a través de empresas intermediarias como OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL., y posteriormente entregada en efectivo a Germán Robles Quiñones.
También está imputada Ada Ledesma Ubiera, vinculada a Lufarca SRL, empresa que habría recibido más de RD$38 millones y señalada por transferencias y pagos identificados como comisiones y adelantos en el marco de las operaciones investigadas. Lufarca figura igualmente como empresa intermediaria asociada a la canalización de pagos y contratos adicionales con SENASA.
Otro eje relevante fue el Grupo Read, integrado por KHERSUM, SRL, DELESTE, SRL y FARMACARD, SRL., representadas por el imputado Eduardo Read Estrella. Estas empresas concentraron contratos de atención primaria y telemedicina bajo pago por capitación, garantizando ingresos fijos mensuales. Solo KHERSUM llegó a recibir hasta RD$65 millones mensuales, además de RD$5 millones adicionales por telemedicina.
Sin embargo, una auditoría determinó que apenas el 4.2% de la población subsidiada contratada recibió atenciones, resultando en pagos millonarios sin la prestación efectiva de servicios. Los sobornos asociados a este eje superarían los RD$1,621 millones entre 2020 y 2025.
Programas especiales como vía de desvío
La investigación describe el uso de programas especiales como mecanismo para canalizar recursos públicos. Entre ellos figuran Nutrisalud SENASA y el Programa de Nutrición del Adulto Mayor, gestionados sin sustento técnico suficiente según el expediente.
En el caso de Nutrisalud, el Ministerio Público señala a Flavorheart Food Parts SRL, representada por Heidi Mariela Pineda Perdomo, empresa que según la Contraloría General de la República no contaba con habilitación sanitaria como consultorio médico, pese a recibir pagos superiores a RD$1,606 millones.
Estos programas desviaron fondos hacia personas fuera del rango etario establecido, permitiendo la distracción de al menos RD$272 millones. En el programa dirigido a adultos mayores, la SISALRIL constató además la ausencia de analíticas de seguimiento clínico, pese a la entrega de suplementos nutricionales a una población vulnerable.
El encubrimiento contable
La salida sostenida de recursos fue encubierta mediante la manipulación del Bordereau, el registro interno de obligaciones pendientes de pago de SENASA. La acusación atribuye a Gustavo Messina Cruz la instrucción de cerrar mensualmente este registro en montos predeterminados, subvaluando miles de autorizaciones.
Al corregirse estas distorsiones, una comisión interna y un asesor financiero externo detectaron un déficit oculto superior a RD$14,340 millones que no había sido reflejado durante años en los informes remitidos a los órganos de supervisión, comprometiendo la estabilidad financiera de la aseguradora pública.
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Servicios inexistentes y afiliados defraudados
El expediente documenta fraudes directos contra los afiliados, como la facturación de servicios no prestados y procedimientos médicamente innecesarios.
Auditorías realizadas a prestadores como el Grupo Siulrod SRL, vinculado a Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Luis Martínez Hazim, revelaron que el 100% de los afiliados contactados negó haber recibido los servicios cargados a sus pólizas, incluyendo autorizaciones incompatibles con su género o condición médica.
A estas evidencias se suman los hallazgos de la SISALRIL y la Contraloría, que detectaron contrataciones sin habilitación sanitaria, pagos indebidos y fallas graves en los controles clínicos.
Un caso en desarrollo
Según el Ministerio Público, la acusación se apoya en pruebas documentales, periciales y testimoniales, incluyendo transferencias bancarias, facturas ficticias y declaraciones de empleados e imputados. Entre los bienes adquiridos con fondos triangulados se documenta la compra de una jeepeta Lincoln Navigator, previa a la designación oficial de Hazim Albainy, y un reloj Rolex Daytona valorado en USD$83,000, adquirido mediante transferencias canalizadas a través de empresas intermediarias.
La Operación Cobra continúa en fase judicial. Las responsabilidades penales serán determinadas por los tribunales. Las consecuencias institucionales, sin embargo, ya están planteadas: un sistema creado para proteger a los dominicanos más vulnerables habría sido utilizado, según la acusación, como vía para el desvío sistemático de recursos que debieron garantizar su salud.
