Santiago.– La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el viernes 16 de enero de 2026 la audiencia del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la medida de coerción que favoreció a varios agentes policiales vinculados a la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita.
El aplazamiento busca permitir que los abogados de los imputados tomen conocimiento formal del expediente, con el cual el Ministerio Público procura revocar las medidas más benignas impuestas anteriormente.
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El órgano acusador insiste en que los siete agentes que actualmente cumplen garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida deben recibir medidas más severas, alegando que existen elementos suficientes que sustentan su responsabilidad en el hecho ocurrido el 10 de septiembre, que causó gran conmoción en la ciudad.
La audiencia, fijada inicialmente para este 18 de noviembre, tenía como propósito revisar la decisión que mantiene en prisión preventiva a cuatro agentes y otorgó medidas menos restrictivas a otros siete.
Agentes en prisión preventiva en el COO de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste:
- José Octavio Jiménez Peña (raso)
- Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor)
- Hairo Mateo Morillo (sargento)
- Yohandy Encarnación (cabo)
Agentes beneficiados con medidas alternativas:
- Álvaro Paredes Paniagua (mayor)
- Hansel Michel Cuevas Carrasco (mayor)
- José Ignacio Gómez Rodríguez (capitán)
- Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente)
- Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (teniente)
- César Augusto Martínez Trinidad (teniente)
- Adrián Miguel Villalona Pineda (raso)
Todos están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly/Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez, y José Vladimir Valerio Estévez, quienes fallecieron en el estacionamiento de una plaza comercial en La Barranquita.
Aunque la Policía calificó el hecho como un intercambio de disparos durante un operativo, el Ministerio Público sostiene que las evidencias apuntan a una ejecución extrajudicial, razón por la cual rechaza cualquier variación de medidas a favor de parte de los imputados.
Desde el suceso, familiares de las víctimas y residentes del sector han exigido justicia, alegando que los jóvenes fueron ultimados sin justificación.
El Ministerio Público reiteró que continuará luchando por sanciones ejemplares, mientras el caso sigue generando amplia repercusión y mantiene a la sociedad santiaguera en expectativa ante las próximas decisiones judiciales.
