Este representa el monto más alto conocido por prisión injusta, y consolida el precedente de que el Estado dominicano es responsable por los daños físicos, morales y profesionales causados por una detención arbitraria.
Santo Domingo. – La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que condena al Estado dominicano al pago de RD$10,912,792.00 a favor del ciudadano Affe Gutiérrez Gil, esposo de la periodista Sarah Pepén, y víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.
“El fallo constituye la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta, marcando un precedente en la historia del Derecho Administrativo dominicano y un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado”, manifestaron los abogados de la defensa.
Affe Gutiérrez manifestó que “esta sentencia es algo simbólico pues no hay nada material que nos devuelva el tiempo perdido, además por parte del órgano persecutor no ha existido una excusa pública por el abuso cometido y mucho menos persiguió a quienes nos ocasionaron este daño”.
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El calvario judicial de Affe Gutiérrez Gil comenzó en 2008, poco después de su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. Según el expediente, tras esa unión, fue objeto de una persecución institucional injustificada que culminó con su expulsión de la Policía Nacional y su posterior sometimiento a la justicia bajo cargos de homicidio.
En 2009 fue apresado preventivamente y, pese a la falta de pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación. Un testigo clave admitió posteriormente haber recibido dinero para acusarlo falsamente, revelando un entramado de manipulación procesal que lo mantuvo encarcelado durante más de dos años y medio.
Condenado dos veces a 30 años: una lucha contra el poder
En su peregrinaje judicial, Affe Gutiérrez fue condenado en dos ocasiones a 30 años de prisión, ambas veces por tribunales que posteriormente fueron desautorizados y sus decisiones anuladas por la Corte de Apelación.
Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente de toda acusación, poniendo fin a un calvario judicial de casi una década de procesos, privaciones y sufrimientos.
Durante su encarcelamiento, realizó una huelga de hambre, fue víctima de dos intentos de asesinato dentro de la prisión y vio nacer a su hija tras las rejas, sin poder sostenerla en sus brazos. A pesar de haber denunciado formalmente a los jueces y fiscales que participaron en el proceso, las autoridades ignoraron sus reclamos. Años más tarde, algunos de esos jueces fueron expulsados del Poder Judicial por “vender sentencias”, confirmando el patrón de corrupción que él había denunciado desde su celda.
El reclamo ante el Tribunal Superior Administrativo
En agosto 2020, Gutiérrez Gil presentó una demanda en responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República, reclamando una compensación de RD$100 millones por los daños físicos, psicológicos y profesionales sufridos.
La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció su condición de víctima del abuso de poder, declarando que el Estado actuó con arbitrariedad e inobservancia de las garantías constitucionales, y ordenó el pago de RD$10,912,792.00 como reparación moral, física y profesional.
Los peritajes médicos y psicológicos confirmaron que el exagente sufrió trastornos de ansiedad, estrés postraumático y secuelas físicas permanentes. El tribunal señaló que el proceso penal se convirtió en un instrumento de destrucción personal, contrario a los fines de la justicia.
La Suprema Corte, al conocer el recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República, (PGR) determinó que este carecía de fundamento legal y de interés casacional, ratificando la condena y los fundamentos del TSA.
