Lima.- El director y el subdirector de la cárcel de Piura, en el norte de Perú, fueron destituidos este domingo después de confirmarse la fuga de un interno procesado por el delito de extorsión, informó este domingo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
«El presidente del INPE ha dispuesto la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura», señaló el organismo estatal en un comunicado.
El mensaje agregó que también se ha ordenado que la Oficina de Asuntos Internos realice «las indagaciones administrativas» para «determinar las responsabilidades que correspondan».
De acuerdo con la información oficial, el personal de la prisión reportó durante la mañana de este domingo «la ausencia» de un preso identificado como Krisman Nizama Ponce, de 31 años.
El hombre era procesado por el delito de extorsión y permanecía «bajo tratamiento psiquiátrico», detalló la nota.
«Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad y se inició la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores», añadió el organismo antes de indicar que junto con el Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) se ejecutan acciones para capturar al prófugo y realizar las investigaciones del caso.
El pasado viernes, el INPE también destituyó de sus cargos al director y al subdirector del penal de Huaral, en el norte de la región de Lima, tras confirmarse la fuga de un preso identificado como Dylan Jiménez Pérez, de 24 años y de nacionalidad venezolana, quien era procesado por el delito de robo agravado.
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En ese momento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, declaró a la emisora RPP que todos los funcionarios del INPE se encuentran bajo evaluación constante y se tomarán «las decisiones que correspondan en ese caso».
«Como digo, aquel mal funcionario, aquel funcionario que sea corrupto, aquel funcionario que no cumple su trabajo, será removido», enfatizó Martínez.
Las fugas de estos presos se producen en medio de un incremento notorio de la criminalidad organizada en Perú, con numerosos casos de extorsión y sicariato (asesinato por encargo), principalmente contra transportistas y empresarios.
Ante las protestas ciudadanas que exigen medidas efectivas por parte del Gobierno y el Congreso, el poder Legislativo destituyó la semana pasada a la presidenta Dina Boluarte por una «permanente incapacidad moral» para enfrentar a la criminalidad.
Tras esa decisión, el legislador derechista José Jerí, quien presidía el Congreso, asumió la jefatura de Estado por sucesión constitucional, aunque el descontento y las protestas ciudadanas contra las autoridades se han mantenido en los últimos días.
El pasado miércoles se desarrolló una multitudinaria manifestación en Lima que dejó a un ciudadano fallecido y decenas de heridos, en su mayoría policías.
El INPE también confirmó en las últimas horas que el nuevo director del penal de Chincha, en el sur de Lima, ha recibido «amenazas contra su integridad física y de su familia» y que el viernes pasado desconocidos dejaron dos explosivos en los exteriores del penal ‘Miguel Castro Castro’, de Lima, junto con un manuscrito con amenazas a dos magistrados del Poder Judicial.
