Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal de la República Dominicana, con el objetivo de modernizar y fortalecer el sistema de justicia penal del país.
Durante una sesión que se extendió por más de siete horas, los legisladores conocieron de manera íntegra los 473 artículos que componen la pieza legislativa que es resultado de una fusión de modificaciones presentadas por Omar Fernández, Felix Bautista, Antonio Taveras, Venerado Castillo y recomendaciones de la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, el senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, destacó la profundidad de los cambios introducidos.
“Estamos tomando en consideración la realidad y la profundidad de las modificaciones, que alcanzan el 70%, incluso superando el número de artículos que tenía el código vigente. Le estamos dando una herramienta al país para que tenga confianza en la justicia, nuestras instituciones y la autoridad que merecen, porque no puede haber seguridad sin justicia”, afirmó.
Fernández explicó que el proyecto se elaboró escuchando a distintos sectores de la sociedad, especialmente a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados en ejercicio y víctimas, con el fin de garantizar un sistema más transparente, equitativo y eficiente.
“Nuestra visión se centra en tres principios fundamentales: fortalecer el sistema de justicia y la persecución de la criminalidad; garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos; y agilizar y descongestionar los tribunales del país. Una justicia tardía equivale a una negación de justicia”, agregó el legislador.
Modificaciones
Entre las principales reformas del nuevo Código Procesal Penal se destacan la protección de derechos fundamentales, que alcanza tanto a los procesados como a las víctimas y autoridades en su ejercicio de persecución del crimen. Se moderniza el cómputo de plazos procesales para evitar dilaciones indebidas y garantizar que los procesos se desarrollen de manera legítima.
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La duración máxima de los procesos será de hasta cuatro años en casos ordinarios y cinco años en casos complejos.
El proyecto también actualiza los mecanismos de obtención de pruebas, incluyendo el uso de nuevas tecnologías, especialmente para la persecución del crimen organizado. Se fortalece la figura del habeas corpus como acción constitucional destinada a proteger la libertad frente a detenciones ilegales, arbitrarias o irrazonables, estableciendo plazos claros para su resolución.
Además, se modifica el procedimiento de recursos para que las cortes de apelación puedan emitir sentencia directa cuando el fallo de primer grado sea claro, reduciendo la mora judicial y descongestionando los tribunales.
La iniciativa será sometida a segunda lectura antes de ser remitida a la Cámara de Diputados para su consideración y eventual aprobación.
