El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional, acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario por la muerte de cinco hombres el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago.
Entre los imputados figuran oficiales de distintos rangos: los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; así como sargentos, cabos y rasos, para un total de once uniformados bajo investigación.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (alias Deivito), Julio Alberto Gómez (la Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 40 años.
Según la acusación, los policías llegaron al lugar en tres vehículos y, sin previo aviso, abrieron fuego contra los hombres. El ataque fue presenciado por un testigo que logró grabar parte de lo ocurrido, pero a quien presuntamente le fue arrebatado su teléfono celular por los agentes.
Además, el Ministerio Público sostiene que los imputados manipularon la escena del crimen, sustrajeron los sistemas de videovigilancia (DVR) de varios establecimientos comerciales y confiscaron teléfonos móviles de otras personas presentes, todo con la intención de destruir evidencias y entorpecer la investigación.
En la solicitud de medida de coerción, los fiscales también pidieron que el caso sea declarado complejo. Alegan que tras el hecho, los agentes realizaron múltiples acciones dirigidas a encubrir su participación y alterar la escena, incluyendo el contacto con propietarios de locales cerrados para obtener más grabaciones y desaparecerlas.
El caso está siendo dirigido por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
La calificación jurídica provisional incluye los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario, conforme a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y actuar conforme a sus resultados.
