La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador informó este lunes que durante la noche del domingo, una «caravana humanitaria» encabezada por el presidente, Daniel Noboa, fue objeto de «ataques criminales» en la provincia de Imbabura, donde se llevan a cabo protestas en su contra.
De acuerdo con el Gobierno, esos ataques a la caravana, en la que se trasladaban alimentos, productos de primera necesidad y combustible para la población afectada por las protestas en esa provincia del norte de Ecuador, fueron ejecutados por «grupos violentos infiltrados».
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El propio Noboa se refirió al hecho, a través de su cuenta en X, señalando que ocurrió en Otavalo. «Nos respondieron con violencia», escribió.
El convoy contó con el acompañamiento de varios ministros de Noboa, así como del nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Doródnova; la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo; y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.
Al respecto, Doródnova comentó que se dieron «algunos golpes y piedras contra el auto». «Hemos visto bloqueos y troncos de árboles. Consideramos que todos tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente», manifestó.
Un muerto y muchas demandas
Las protestas contra la Administración de Noboa, en el marco de un paro nacional que cumple una semana este lunes, se llevan a cabo en varias provincias de Ecuador, si bien el mayor foco se concentra en Imbabura.
El domingo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera las manifestaciones, denunció el asesinato de Efraín Fuerez, un comunero kichwa de 46 años procedente de Cotacachi, en esa provincia.
De acuerdo con la organización, Fuerez fue «acribillado con tres disparos por las Fuerzas Armadas» en medio de una «represión» de la que culpan a Noboa.
El paro comenzó tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel en Ecuador. A ello se han sumado otros reclamos, como la solución a la crisis de salud y educación pública, respeto al derecho a la protesta y a la organización social, cese de la expansión minera y extractivista, garantías plenas para la vida y seguridad de los pueblos indígenas y de todos los ecuatorianos, reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15% a 12%, rechazo a la consulta popular que procura el mandatario para convocar a una Asamblea Constituyente, liberación inmediata de los detenidos en el marco de las manifestaciones y respeto a los derechos colectivos.
