Santo Domingo, RD. – Durante la emisión de este martes del programa Esto No es Radio el periodista Hansel García expuso los elementos principales de un proyecto de ley denominado «Ficha Limpia«, que busca regular la elegibilidad de ciudadanos con condenas por delitos graves para ocupar cargos en la función pública.
«Quiero, y es un tema que lo tenía hace mucho ahí para tratarlo hace algunos días y este es el momento preciso porque si hay un compromiso por combatir la corrupción, por combatir la impunidad, más allá del discurso, entonces tenemos que tomar decisiones radicales para lograrlo y tenemos que abocarnos precisamente como políticos, como medios de comunicación y como todos los actores sociales a que así sea», dijo García, previo a explicar detalladamente el proyecto de Ley.
La propuesta legislativa, actualmente bajo consideración en la Cámara de Diputados y sometida por la diputada del PRM, Adelis Olivares, tiene como objetivo inhabilitar a individuos sentenciados por corrupción, violación sexual y narcotráfico para ejercer en puestos públicos, ya sean estos electivos o designados en el gobierno. La iniciativa procura desvincular de la actividad política a personas que, habiendo cometido actos delictivos, intentan retornar al servicio del Estado o a cualquier esfera política.
TE PUEDE INTERESAR: Diputada de ultramar Adelis Olivares alza su voz en apoyo a la comunidad inmigrante
El proyecto de ley prevé la inclusión de personas condenadas en segunda instancia por un total de 17 delitos graves en una lista de inhabilitados, con períodos que oscilarían entre 8 y 16 años posteriores al cumplimiento de su condena. Dicha inhabilitación impediría su nombramiento en cualquier posición estatal, especialmente aquellas que implican la administración de fondos públicos, así como su postulación a cualquier cargo de elección popular, incluyendo presidente, vicepresidente, alcalde, regidor, diputado o vocal. Asimismo, se les prohibiría acceder a pensiones o beneficios directos del Estado durante el tiempo de inhabilitación, que podría ser perpetuo en situaciones como el terrorismo.
Hansel García subrayó la relevancia de estas iniciativas para «adecentar la política» y resaltó la necesidad de consolidar un sistema de justicia robusto e inmune a influencias políticas. Instó al presidente de la República a respaldar el proyecto, considerándolo una parte esencial de su legado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
«Presidente de la República, Luis Abinader, usted que ha dicho que está comprometido con la lucha contra la corrupción y con la lucha contra la impunidad, es momento de dejar un legado más allá de su gobierno, es momento de, de alguna manera, apoyar con su partido, el PRM, iniciativas como estas para ir adecentando la política», enfatizó el profesional de la comunicación.
En resumen, el proyecto de ley «Ficha Limpia» propone que los condenados por corrupción, agresión sexual y narcotráfico, además de las penas privativas de libertad, sean inhabilitados de manera efectiva para el servicio público, la postulación a cargos electivos y la recepción de beneficios estatales. Según el periodista y panelista del programa radial, este debate es crucial para la evolución social y la mejora de la política en el país.

Sobre este proyecto, el abogado e integrante del referido espacio, Pedro Manuel Casals, puntualizó que esta propuesta debe ser revisada debido a que, en el caso de la Constitución dominicana, viola algunos derechos fundamentales. Lo mismo opinó el profesional del derecho, José Martínez Brito, también parte del elenco del programa diario.
Antecedentes de «Ficha Limpia»
La Ley de Ficha Limpia ( Ley de Antecedentes Limpios ) o Ley Complementaria n.º 135 de 2010 es una ley brasileña que modificó la Ley de Condiciones de Inelegibilidad ( Ley Complementaria n.º 64 de 1990). Fue el cuarto proyecto de ley propuesto por iniciativa popular directaen Brasil. Fue ideada por el juez Marlon Reis y recibió cerca de 1,3 millones de firmas antes de ser presentada al Congreso Nacional . La ley inhabilita para ejercer cargos públicos durante ocho años a un candidato que haya sido sometido a un juicio político, haya renunciado para evitarlo o haya sido condenado por decisión de un órgano colegiado (con más de un juez), incluso si existen recursos de apelación.