Santo Domingo, R.D. – El abogado y analista político, José Eliseo Almánzar, en sus declaraciones de este jueves en Politikal, abordó el decreto 517-23, emitido el 8 de este mes por el presidente Luis Abinader, que declara de emergencia nacional las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Almánzar calificó la necesidad de declarar esta emergencia como la muestra mayor de improvisación que ha observado en la historia reciente del país, especialmente en un sector que, según él, representa más del 40% del déficit primario del gobierno.
El decreto, en su artículo primero, declara la emergencia para incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad de la red eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), fortalecer el almacenamiento de energía y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras de electricidad.
Almánzar cuestionó las justificaciones presentadas en los considerandos del decreto. Entre ellas, se menciona que las altas temperaturas de 2023, consecuencia del cambio climático, han presionado al alza la demanda de electricidad.
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Almánzar refutó esto, señalando que «aquí nunca había hecho calor que hay que declarar de emergencia este año».
Otro de los motivos citados es el ingreso de sargazo a las costas, que ha provocado la salida de unidades de generación por el bloqueo de sus tomas de agua. También se alega que los efectos de la pandemia de COVID-19 (2020-2021) y los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, e Israel e Irán, ralentizaron las inversiones de las empresas distribuidoras. Almánzar describió estas justificaciones como una «tomadura de pelo a la opinión pública», preguntándose cómo, después de «5 años» de presidencia, se firma un documento de esta naturaleza.
El decreto autoriza la expansión de la capacidad de generación de electricidad mediante la incorporación de nuevas unidades de generación térmica de respuesta rápida, lo que Almánzar interpretó como la búsqueda de «barcasas y plantas de emergencia. Asimismo, dispone la planificación, contratación, construcción e instalación de plataformas de almacenamiento de energía eléctrica de tiempo independiente o bancos de batería. Almánzar encontró una «contradicción» en el concepto de «planificación de emergencia», argumentando que «cuando tú declaras una planificación de emergencia es que tú no tenías ningún plan».
Entre otras autorizaciones, el decreto incluye la compra de equipos, repuestos, materiales y facilidades para la prestación de servicio de distribución, así como la contratación de proyectos de rehabilitación y expansión de redes, contratos de reducción de pérdidas y acuerdos para la gestión de la demanda. También se contempla la contratación de trabajo de consultoría, asesoría, asistencia técnica, servicio jurídico, diseño, estudios técnicos de ingeniería y geología o de impacto ambiental necesarios. Almánzar enfatizó el término «diseño de emergencia», subrayando que el presidente, al firmar el decreto, está «asumiendo que no había ninguna planificación en materia eléctrica en el país pasado ni en este».
El analista explicó que una declaración de emergencia permite «comprar sin plan» y salirse del plan operativo anual, aunque las licitaciones se realicen con plazos abreviados. Señaló que el decreto tiene una vigencia de 12 meses, pero es «renovable». Almánzar concluyó que la declaración de emergencia, cinco años después de la gestión del gobierno, es una muestra de incompetencia y de ineptitud en un sector donde las pérdidas se han quintuplicado bajo la actual administración, pasando de «casi 500 millones de dólares [a] casi 2,000».
Finalmente, Almánzar instó a la ciudadanía a estar atenta a cada uno de estos procesos de compra, a identificar a quién le van a comprar, de quiénes son la compañías y cuánto se ejecutará.
