Nueva York.- Organizaciones y miembros del Concejo Municipal exigen a la administración local de Nueva York (NY), acelerar la respuesta ante la situación de salud mental en Rikers Island, donde más de la mitad de las personas bajo custodia han sido diagnosticadas con alguna condición psiquiátrica. Una de cada cinco presenta trastornos graves, según datos recientes.
El presupuesto del año fiscal 2026 contempla $50 millones adicionales para programas de atención en el sistema penitenciario. Sin embargo, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos consideran que la implementación de estos recursos debe ser inmediata, debido al aumento de la población reclusa y la proximidad de la fecha límite para el cierre del complejo, prevista para 2027.
En julio de 2025, la población en Rikers Island superó las 7,600 personas, frente a las 5,700 registradas a inicios de 2022. El plan de cierre enfrenta retrasos y desafíos logísticos. Entre las demandas de los defensores se encuentran la apertura de camas hospitalarias en las cárceles y la ampliación del Programa de Libertad Laboral 6-A, con el fin de reducir el hacinamiento.
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El presupuesto aprobado incluye fondos para programas de vivienda de apoyo, gestión de casos y reinserción social. Se prevé la creación de 380 nuevas unidades habitacionales para personas con antecedentes judiciales, sumándose a las 120 ya existentes. Las autoridades municipales destacan que la reincidencia disminuye cuando los exinternos acceden a programas de apoyo y vivienda.
La administración local sostiene que se han destinado recursos a la prevención, el tratamiento de salud mental y el apoyo a jóvenes en riesgo, con el objetivo de reducir la entrada al sistema penitenciario. Desde 2016, NYC Health + Hospitals/Correctional Health Services gestiona la atención médica en las cárceles, con la implementación de unidades terapéuticas y coordinación con hospitales públicos.
El presupuesto del año fiscal 2026 también asigna fondos para la gestión de casos antes del juicio, la reducción de la reincidencia y el apoyo a la reintegración de personas liberadas. Las organizaciones insisten en que la atención a la salud mental y la creación de alternativas a la reclusión son esenciales para abordar la crisis en Rikers Island.
