Santo Domingo.– El reciente caso de un joven con aparentes problemas mentales que provocó la muerte de una mujer y dejó varios heridos en Naco, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿dónde cumplen prisión los imputados con trastornos psiquiátricos en República Dominicana?
Según el Código Procesal Penal, las personas que no pueden comprender la ilicitud de sus actos por razones mentales —los llamados inimputables— no deberían ser enviados a cárceles comunes, sino ser ingresados en centros especializados bajo medidas de seguridad. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal.
Actualmente, el sistema cuenta con tres pabellones de salud mental, ubicados en las cárceles de Najayo Hombres (San Cristóbal), Vista del Valle (La Vega) y San Pedro de Macorís, pero estos están dentro de recintos penitenciarios convencionales y no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para atender adecuadamente a esta población.
«Caos y abandono»
La Oficina Nacional de Defensa Pública ha denunciado el estado crítico en que se encuentran muchos de estos internos. Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la comisión de cárceles de esa entidad, explicó que aunque fue una buena idea habilitar esas áreas, la falta de personal especializado, protocolos médicos y seguimiento psiquiátrico ha generado un sistema caótico.
“Hemos encontrado internos desnudos, aislados, viviendo entre gusanos y sus propios desechos. No hay seguimiento médico. Están encerrados, no atendidos”, denunció Rodríguez.
Según datos de la misma institución, al menos 431 personas privadas de libertad presentan diagnósticos psiquiátricos en todo el país, muchas de ellas en cárceles del viejo modelo, otras en las del nuevo, pero en ambos casos, sin garantías básicas de atención clínica o trato digno.
Una deuda con los más vulnerables
La mayoría de los reclusos con trastornos mentales provienen de sectores empobrecidos, sin apoyo familiar ni recursos, y son asistidos por defensores públicos. Muchos han sido ubicados en celdas improvisadas, con pocas o ninguna condición de higiene o cuidado profesional.
Ante esta situación, desde la Defensoría Pública se insiste en la urgente necesidad de crear un centro penal-psiquiátrico especializado, que ofrezca atención real a este tipo de población, no solo por razones médicas, sino también por respeto a sus derechos humanos.
El tema, que ha sido ignorado por años, vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, con la esperanza de que no se quede en titulares, sino que impulse acciones concretas por parte del Estado.
