Santo Domingo.– El debate sobre la aprobación del nuevo Código Penal ha dividido al país por años. Con más de dos décadas de intentos fallidos, su aprobación sigue estancada en el Congreso, generando frustración en distintos sectores sociales.
De no aprobarse nuevamente, República Dominicana seguirá rigiéndose por un código que data de 1884, con reformas parciales y desactualizadas ante los desafíos actuales como la violencia de género, el crimen organizado, la corrupción, la cibercriminalidad y los delitos sexuales.
Organizaciones feministas alertan que el estancamiento legislativo sigue vulnerando derechos fundamentales. Por su parte, sectores conservadores se oponen a la inclusión de causales para la interrupción del embarazo, lo que ha sido uno de los puntos más controversiales.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de equilibrar derechos humanos, justicia moderna y valores democráticos. De no lograrlo, el país podría enfrentar consecuencias jurídicas y sociales a largo plazo, además de perder credibilidad internacional en materia de derechos civiles.
