“Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite… Seguiremos gobernando para la gente y, por eso, les digo a todos los precandidatos y a sus coordinadores: no están permitidos los actos proselitistas a funcionarios. Si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos». Así habló el jefe del Estado, Luis Abinader, cansado -con razón-, como lo ha estado la sociedad en general, de ver a sus ministros y altos funcionarios convertidos en candidatos prematuros (fuera de la ley), en oradores de mítines disfrazados de ruedas de prensa, en promotores de sí mismos desde los mismos escritorios donde deberían estar gobernando.
No exagero. Durante semanas, algunos miembros del gabinete -y no pocos titulares de instituciones públicas- habían iniciado una competencia informal, pero evidente, por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuando Abinader ni siquiera ha completado el primer año de su segundo mandato. Los actos oficiales se llenaban de banderas, cámaras y consignas cuidadosamente medidas. Hasta multitudinarios eventos de apoyo como si la campaña se hubiera iniciado formalmente.
No valieron las advertencias del secretario general del PRM, José Ignacio Paliza, que desde el 2024 viene recordando a los precandidatos que el artículo 150 de los estatutos del partido y demás normas reglamentarias vedan las promociones extemporáneas de todas las aspiraciones a posiciones de elección por los ciudadanos dominicanos.
“Se prohíbe la promoción de aspiraciones de elección popular a lo interno del partido fuera de los plazos estipulados en la ley, las resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE) y estos estatutos”, expresó el año pasado en su cuenta social X (antes Twitter).
Más recientemente, el dirigente político y presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, advirtió el mes pasado en una carta pública sobre los riesgos que enfrenta el PRM si no encamina sus procesos internos dentro de la institucionalidad y el respeto a los tiempos legales.
Pero como caballos en plena carrera desenfrenada, funcionarios-candidatos hablaban más de futuro político que de gestión presente. Y todo esto, claro está, con el aparato del Estado como telón de fondo.
En República Dominicana, la frontera entre lo público y lo partidario es, muchas veces, un espejismo. La historia está llena de ministros que hicieron campaña desde el poder, de presidentes que usaron el presupuesto como caja chica electoral, de instituciones que terminaron siendo oficinas políticas con aire acondicionado.
Lo curioso en este caso es que Abinader, aún con el poder en las manos y sin aspiraciones reeleccionistas, decidiera plantar cara al desorden y -como en una escena de teatro- detener la función a mitad del acto.
Su advertencia, por más simbólica que parezca, tiene un valor institucional incalculable. En primer lugar, porque reivindica una idea básica de la democracia: que el gobierno no es una pasarela para vanidades, sino una responsabilidad que exige neutralidad, decoro y concentración. En segundo lugar, porque recuerda a su partido -y al país entero- que las ambiciones individuales no deben secuestrar la estabilidad del Estado.
