Santo Domingo. – En los últimos años, los feminicidios perpetrados por miembros de cuerpos militares han dejado una estela de muerte, dolor y preguntas sin responder en República Dominicana. ¿Qué impulsa a un hombre entrenado para proteger a tomar las armas contra su pareja? ¿Se trata de casos aislados o estamos frente a un patrón que revela fallas estructurales en la evaluación psicológica, el manejo de las emociones y la cultura institucional de los cuerpos castrenses?
De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género y cifras extraoficiales de la Procuraduría General, al menos uno de cada diez feminicidios registrados entre 2023 y 2025 involucra a un miembro activo o retirado de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Para profundizar en este fenómeno, el equipo de investigación de Bajo El Foco consultó a dos expertos en salud mental: Ricardo Pichardo y Ainhoa Gómez, ambos psicólogos clínicos, quienes analizaron estos crímenes desde una perspectiva multidimensional que combina factores individuales, institucionales y sociales.
Ambos coinciden en que estos casos no solo revelan conductas violentas individuales, sino también una preocupante ausencia de control emocional, evaluación psicológica rigurosa y acompañamiento terapéutico dentro de las filas militares.
La salud mental como punto de partida
Entender la raíz de estos actos violentos implica ir más allá del acto mismo y observar el estado psicoemocional del agresor. Para el psicólogo clínico Ricardo Pichardo, no es posible explicar un feminicidio cometido por un militar sin contemplar su salud mental. Sostiene que, aunque no todos padecen un trastorno diagnosticado, muchos atraviesan crisis internas profundas que pasan desapercibidas para el sistema.
“Para una persona haber llegado a cometer este hecho tan horrendo, no estaba obviamente en sus cabales; no lo hubiese hecho si no lo estuviese. Esto no quiere decir que hay un gran porcentaje de la población que quizás está padeciendo un trastorno mental, sin embargo, no está diagnosticado”.
La falta de diagnósticos no es casual. Pichardo denuncia que el país enfrenta un déficit estructural en atención de salud mental. A pesar de los esfuerzos recientes, los recursos siguen siendo escasos y desigualmente distribuidos: “He escuchado que han abierto varias unidades de atención en crisis en hospitales, pero no es suficiente. Las estadísticas nos hablan de que apenas hay unos doscientos y tantos —no llegan ni a trescientos— psiquiatras en RD”.
A esa carencia se suma un factor que multiplica el riesgo: el acceso legal y constante a armas de fuego. En el caso de los militares, el arma de reglamento se convierte en una herramienta letal en medio de una crisis emocional no tratada.
“Sin duda alguna, el acceso legal —porque obviamente es su arma de reglamento— a armas de fuego es un factor de riesgo que potencia las posibilidades de que esta persona pueda cometer un hecho lamentable”.
Machismo, crianza y poder: una mezcla peligrosa
Pero los disparadores no son solo individuales. Para Pichardo, el contexto social también es clave. Muchos de los agresores crecieron bajo un modelo patriarcal y violento que les enseñó a ejercer control sobre sus parejas, asumiendo que la autoridad masculina no se cuestiona. Ese machismo aprendido se refuerza, incluso, dentro del entorno militar.
“El hombre dominicano viene criado con una cultura muy machista, con un machismo muy materializado, con creencias muy irracionales de lo que debe ser la relación de pareja… Esto mezclado con el perfil de un militar potencia las probabilidades de que yo sienta una insubordinación”.
La idea de que la pareja es una extensión de su poder se aprende desde la infancia. Según el psicólogo, ese patrón de crianza pone la semilla de relaciones tóxicas y controladoras.
“Estos patrones de crianza machista, muy patriarcal, donde vemos figuras que entienden que su esposa o su pareja es su propiedad”.
El silencio del uniforme
Ainhoa Gómez, también psicóloga clínica, subraya que no todos los militares responden al mismo patrón de conducta. No obstante, advierte que el entorno castrense puede desensibilizar emocionalmente a quienes lo integran, volviendo “normal” la violencia en ciertas circunstancias.
“No todos los militares tienen las mismas conductas. Pero si a esto le añadimos la parte estructural, machista, donde están desensibilizados a la violencia… puede que lleguen a normalizarla”.
Gómez destaca que muchos feminicidios no ocurren de forma repentina. Son el desenlace de un ciclo que inicia mucho antes, con señales de advertencia que a menudo son ignoradas por el entorno familiar o institucional.
“El perfil de un feminicida no es único. Pero hay patrones repetitivos. Y antes de la agresión física hay una pirámide: agresión psicológica, familiar, cohibición de factores”.
Estas dinámicas de poder, añade, se gestan en lo íntimo del hogar y se conectan con la necesidad de control absoluto.
“Si yo soy el grande, el fuerte, el único autoritario en la casa, si tú no vas bajo el yugo que yo tengo, entonces tú vas a pagar ciertas consecuencias”.
El ruido que exige atención
La creciente cantidad de casos en los últimos meses no solo ha despertado alarma pública, sino que ha obligado a muchos sectores a reflexionar sobre los vacíos institucionales. Para Gómez, este momento debe leerse como una oportunidad para actuar con urgencia.
“Creo que con todos los casos que se están exponiendo últimamente hay un ruido tan grande que es un llamado de atención. Recuerdo el caso de un militar que dejó una carta: ‘me veía tan fuerte por fuera, pero tan débil por dentro’. Esta parte de tener que guardar una imagen de ‘yo soy’ cuando por dentro posiblemente esté destruido”.
La especialista propone incorporar evaluaciones periódicas como requisito obligatorio para la tenencia de armas en cuerpos militares y policiales.
“Si yo tengo un arma, anualmente debería pasar por un proceso psicológico. Si esta persona es denunciada y es portador de arma, llamarlo, verificar que su estado emocional está estable para seguir sosteniéndola”.
El reto del Estado: prevención, evaluación y apoyo sostenido
Ambos psicólogos coinciden en que las instituciones deben dejar de reaccionar tarde y comenzar a prevenir. Eso implica cambiar el enfoque: no se trata solo de sancionar después del hecho, sino de construir un sistema de vigilancia emocional dentro de los cuerpos castrenses y ofrecer redes de apoyo sostenidas para quienes enfrentan crisis internas.
“Que la sociedad dominicana pueda tener un recurso gubernamental donde pueda acudir, con todo el soporte, y que sea de una forma sostenida”, plantea Gómez.
Porque mientras no se atiendan las causas de fondo el machismo estructural, la debilidad en salud mental y la ausencia de controles para el uso de armas las muertes seguirán acumulándose. Y el silencio que protege el uniforme seguirá costando vidas.
