Nueva York.- La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de divulgar más de 240,000 páginas de documentos del FBI relacionados con la vigilancia a Martin Luther King Jr. ha generado un intenso debate público y el rechazo de la familia del líder de los derechos civiles.
Los archivos, que permanecían bajo resguardo judicial desde 1977, fueron liberados pese a la oposición de los descendientes de King y de organizaciones históricas vinculadas al movimiento por la igualdad racial.
Martin Luther King III y Bernice King, hijos del activista asesinado en 1968, pidieron que la revisión de estos documentos se haga con sensibilidad y respeto, recordando el profundo dolor que la muerte de su padre ha causado a la familia durante más de cinco décadas. Ambos subrayaron la importancia de analizar los archivos en su contexto histórico y advirtieron que la vigilancia a King fue parte de una campaña sistemática de hostigamiento y descrédito impulsada por el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover.
La publicación de los registros ocurre en un momento de alta tensión política, y algunos líderes de derechos civiles han acusado a la administración Trump de utilizar la desclasificación como una maniobra para desviar la atención de otros escándalos, como el caso Epstein. El reverendo Al Sharpton calificó la medida como un intento de distraer a la opinión pública y cuestionó la motivación real detrás de la decisión.
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Los documentos, que incluyen detalles sobre la vigilancia, intervenciones telefónicas y operaciones encubiertas contra King y otros líderes del movimiento, serán ahora objeto de análisis por parte de historiadores, periodistas y académicos, quienes esperan encontrar nuevas pistas sobre el asesinato del Nobel de la Paz y el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
La familia King, que tuvo acceso anticipado a los archivos, reiteró su escepticismo sobre la versión oficial del asesinato y recordó que, en 1999, un jurado civil en Memphis concluyó que Martin Luther King Jr. fue víctima de una conspiración. Por ahora, la publicación de estos documentos reabre viejas heridas y pone en el centro del debate la transparencia, la memoria histórica y el uso político de la información sensible.
