Santo Domingo. – El Colectivo Migración y Derechos Humanos presentó al Consejo Económico y Social (CES) una propuesta para que la República Dominicana adopte una política migratoria de Estado con enfoque a largo plazo, centrada en los derechos humanos, la sostenibilidad y la coherencia institucional. La iniciativa se enmarca dentro del Diálogo Nacional convocado por el CES y proyecta su implementación hasta el año 2045.
La propuesta apuesta por superar las respuestas reactivas y de corto plazo, sugiriendo en cambio un enfoque estructurado, participativo y alineado con los compromisos constitucionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ella se plantea que toda persona migrante, sin importar su estatus, debe tener acceso a servicios esenciales como salud, educación, justicia y protección legal.


Además, el Colectivo resalta la necesidad de fortalecer el sistema nacional de información migratoria, mejorar la coordinación interinstitucional (especialmente a través del Consejo Nacional de Migración) y aprovechar la experiencia del Instituto Nacional de Migración para nutrir técnicamente la formulación de políticas.
En el ámbito internacional, se propone reforzar la cooperación con países de origen, tránsito y destino, e impulsar la participación activa del país en plataformas como SICA, OIM y la ONU para atender las causas estructurales de la migración forzada.
Puedes leer: Participación Ciudadana pide investigar a congresistas que no han declarado sus bienes
El documento también recomienda la implementación de mecanismos de regularización periódicos, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los cuidados, donde la presencia de migrantes es estructural. A su vez, aboga por modernizar los controles fronterizos sin renunciar al respeto al debido proceso y la dignidad humana.
Finalmente, se subraya la importancia de una participación activa y continua de la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos locales y las comunidades migrantes en la formulación, monitoreo y evaluación de la política migratoria, como garantía de legitimidad y justicia.
Con esta propuesta, el colectivo busca sentar las bases de una política migratoria moderna, humanista y alineada con los valores democráticos del país.