Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso arresto domiciliario como medida de coerción a los imputados en la supuesta red de soborno que afectó a varias instituciones de Estado, denominada por el Ministerio Público como Operación Lobo.
Dentro de los diez acusados, cinco acordaron con el órgano acusador y admitieron su participación en los hechos, mientras que a los que no pactaron se le combinó la medida coercitiva con impedimento de salida.
La investigación del Ministerio Público, originada por una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, detalla un esquema criminal supuestamente encabezado por funcionarios públicos y empresarios que utilizaban la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) como plataforma para canalizar sobornos.
Entre los que colaboraron con la investigación se encuentran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, dueño de la empresa SENASE; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exgerente de seguridad de Edenorte; el coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
En tanto lo que no colaboraron fueron el general retirado Julio César Hernández Olivero, exdirector de Seguridad Militar de Edeeste; el también general retirado Rafael Vásquez Espinal, vinculado a irregularidades en contratos con Edesur; el coronel del Ejército Kelvin Rafael Mejía Hernández; el capitán de la Policía Wilfredo Méndez Abreu; y el empresario José Miguel Acosta Matos, relacionado con la empresa SENASE.
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), estos imputados formaban parte de una estructura que pagaba y recibía sobornos para obtener y mantener contratos en instituciones estatales como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi.
