Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso arresto domiciliario como medida de coerción a los imputados en la supuesta red de soborno que afectó a varias instituciones de Estado, denominada por el Ministerio Público como Operación Lobo.
Dentro de los diez acusados, cinco acordaron con el órgano acusador y admitieron su participación en los hechos, mientras que a los que no pactaron se le combinó la medida coercitiva con impedimento de salida.
La investigación del Ministerio Público, originada por una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, detalla un esquema criminal supuestamente encabezado por funcionarios públicos y empresarios que utilizaban la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) como plataforma para canalizar sobornos.
