Santo Domingo. – Lo que prometía ser un avance histórico para el tránsito del Gran Santo Domingo terminó como una millonaria frustración. El Sistema de Control de Acceso y Red Integral de Tráfico (SCARIT), adjudicado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) a la empresa Transcore Latam, debía transformar 335 intersecciones con más de 2,000 semáforos inteligentes, 1,200 cámaras y 400 sensores. Sin embargo, hoy el sistema está inoperativo.
En agosto de 2023, el entonces director del INTRANT, Hugo Beras, anunció la implementación del sistema con una inversión de 1,317 millones de pesos y apoyo de Google, prometiendo sincronización del tráfico, reducción de tapones y prioridad para vehículos de emergencia. Solo un año después, decenas de intersecciones colapsaron simultáneamente y el Estado perdió el control total del software que lo operaba.
Amado Arias, experto en seguridad vial, explicó a Bajo El Foco:
“Esto no se dañó. Se quedó sin actualización. Sin energía estable ni internet, simplemente no funciona.”
La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el contrato mediante la Resolución RIC-156-2023, tras constatar que Transcore Latam presentó información falsa para ganar la licitación:
• Afirmó tener 19 años de experiencia, pero fue registrada en 2022.
• Entregó documentos en inglés sin traducción oficial.
• Incluyó certificaciones de otras empresas sin vínculo verificable con su razón social.
“La empresa utilizó documentación de una firma estadounidense sin consentimiento. Esa firma incluso contrató abogados en República Dominicana para denunciar el uso indebido de su información «denunció Francisco Álvarez, de Participación Ciudadana.
Pese a que se han ejecutado más de 863 millones de pesos, no hay sanciones visibles, ni respuestas claras sobre cuántos semáforos fueron realmente adquiridos, instalados o si alguna parte del sistema sigue funcionando.
Además de las fallas contractuales, expertos advierten que el sistema requiere condiciones técnicas básicas que no se han garantizado, como una red eléctrica estable y conectividad permanente.
“Cuando al semáforo se le va la luz o pierde internet, se resetea, y toda la data acumulada se pierde. Así no hay forma de sostener un sistema inteligente” señalo Arias.
Las cámaras de Bajo El Foco recorrieron múltiples intersecciones donde el sistema simplemente no opera: luces que duran hasta 10 minutos en rojo, sensores desconectados y ciudadanos atrapados diariamente en embotellamientos.
La situación evidencia lo que varios expertos llaman un patrón repetido: grandes inversiones públicas, sin transparencia, sin seguimiento y sin consecuencias. “La ciudadanía tiene razones para desconfiar. Tenemos una Ley de Contrataciones Públicas sin régimen de consecuencias. La ley está, pero no tiene garras”, concluyó Francisco Álvarez.
La gran incógnita
Hasta la fecha, no se ha esclarecido si los semáforos fueron comprados, cuántos llegaron al país, cuáles se instalaron ni qué parte del sistema quedó funcional. Tampoco se ha informado oficialmente si el software fue transferido al Estado dominicano o si sigue en manos de la empresa contratada.
“En la mayoría de los contratos, ni siquiera se establece qué pasa con el software al terminar el acuerdo. El Estado pierde el control del sistema que pagó”, dijo Álvarez.
Millones invertidos, sistema inoperativo:
• RD$1,317 millones presupuestados
• RD$863 millones ejecutados
• 335 intersecciones prometidas
• Sistema paralizado
• Cero sanciones
Mientras tanto, los tapones siguen, los ciudadanos pagan las consecuencias y el silencio institucional se impone. El proyecto SCARIT, que debía modernizar el tránsito del país, es hoy símbolo de un modelo de gestión pública que apuesta a la tecnología… sin asegurar transparencia, ni resultados.
