Santo Domingo.– La justicia aplazó este jueves hasta el próximo lunes la audiencia sobre las medidas de coerción a los arrestados en la denomina Operación Lobo, que permitió desmantelar una supuesta estructura de corrupción administrativa de militares y civiles.
«Todos (los abogados de los imputados) han requerido el otorgamiento de plazos para estudiar el escrito de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público, que consta aproximadamente de 450 páginas y más de 500 elementos de pruebas, entre pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales», dijo a los medios la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
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Ante esas peticiones, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó al próximo 14 de julio el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público, que pide que el caso sea declarado complejo, solicita 18 meses de prisión preventiva contra diez militares y civiles presuntamente involucrados en esa supuesta estructura de corrupción administrativa que, de acuerdo con la acusación, se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Los acusados son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.
La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Las acciones de los imputados afectaron al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (Edenorte), del Este (Edeeste) y del Sur (Ededur).
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
