Santo Domingo.- Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, se refirió este domingo a la urgente necesidad de que República Dominicana modernice su Código Penal, antes de enfocarse en legislar sobre libertad de expresión tal y como se dispone con la introducción al Senado del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
En su cuenta de X (Twitter), Ulloa cuestiona qué libertad puede haber en el país sin un sistema penal que escuche, proteja y actúe, con un Código Penal que data 1884.
«La libertad de un país no se mide por lo que permite decir, sino por lo que se atreve a corregir. Antes de legislar sobre expresión, debemos garantizar justicia. Y eso empieza por modernizar el Código Penal y el Código Procesal Penal», expresó el Defensor.
En se sentido, explica que el Código con el cuentan los dominicanos fue escrito en una República sin derechos fundamentales, y hoy se enfrentan feminicidios, crimen organizado y corrupción con un texto del siglo XIX.
Argumenta que la palabra no se defiende con discursos sino con justicia, y agrega que reformar los códigos penales es tipificar correctamente la violencia de género, perseguir la corrupción con eficacia, reducir la mora judicial (3.5 años por caso penal, según el Banco Mundial) y dignificar a las víctimas y restablecer la confianza ciudadana.
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Respecto al proyecto de ley, que ha sido rechazado por periodista, comunicadores y otros sectores de la sociedad, manifiesta que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), alertó en 2022 que leyes de medios están siendo usadas en la región para restringir el disenso y castigar la crítica, por lo que considera que «RD no debe repetir ese patrón».
Finalmente en su escrito, Pablo Ulloa sostiene que “una democracia sin justicia penal moderna es una promesa vacía. Si no corregimos lo que nos duele como sociedad, nunca protegeremos lo que nos define.”
Se recuerda que el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales fue sometido por el Poder Ejecutivo al Senado el pasado 23 de abril y según el Ejecutivo busca reemplazar la Ley 6132, vigente desde 1962, y adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información.
