Santo Domingo. Cada año, el Estado dominicano destina cientos de millones de pesos a consultorías externas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, una investigación periodística liderada por la periodista Ángela Ramírez pone bajo la lupa la justificación real de estos contratos, su ejecución y los actores recurrentes que se benefician de este lucrativo negocio.
Desde 2012, más de 5 mil millones de pesos han sido canalizados a través de más de 3 mil contratos de asesoría, según datos obtenidos vía la Ley de Libre Acceso a la Información. Aunque la ley permite estas contrataciones bajo procesos de excepción, la abogada especialista en administración pública, Yulibelys Wandelpool, advierte que deben estar debidamente motivadas y responder a carencias técnicas reales, no convertirse en mecanismos paralelos de empleo o favoritismo.
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Uno de los casos recientes que despierta preocupación es el del abogado Joaquín Antonio Zapata Martínez, beneficiado con un contrato de 1.5 millones de pesos para brindar servicios legales al INDOTEL apenas dos meses después de inscribirse como proveedor del Estado. Coincidentemente, Zapata fue abogado defensor del actual presidente del INDOTEL en una demanda personal, lo que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
Entre 2020 y 2024, durante la gestión del presidente Luis Abinader, el gasto en asesorías superó los 2,858 millones de pesos, más que en cualquier administración anterior. A pesar del aumento, los ciudadanos aún no perciben mejoras significativas en áreas clave como la seguridad ciudadana. El Ministerio de Interior y Policía ha gastado decenas de millones en asesorías para diseñar estrategias de seguridad que, hasta la fecha, no se traducen en resultados tangibles.
También se identificaron empresas y consultores que acumulan numerosos contratos, como Management Consulting Group SRL (24 contratos), GRH Consultores (21 contratos) y el consultor Ricardo Oscar González Hernández, quien figura en otros 21. Esto plantea dudas sobre la transparencia y la equidad en los procesos de adjudicación.
En el ranking de las asesorías más costosas, sobresale el contrato de 325 millones de pesos adjudicado en 2021 a Aordominicana para manejar la comunicación estratégica de una entidad estatal que fue eliminada un mes después. Otros contratos relevantes incluyen 191 millones para estudios de factibilidad de una presa, y 132 millones para asesoría en un arbitraje internacional.
“La contratación de asesorías no debe convertirse en un parche permanente para tapar deficiencias internas, sino en una herramienta excepcional, bien justificada y con resultados concretos”, puntualizó la abogada Wandelpool. Además, insistió en que la falta de consecuencias ante irregularidades detectadas debilita la institucionalidad y socava la confianza ciudadana.
La investigación también señala la trayectoria de Juan Carlos Quinche Ramírez, beneficiario de múltiples contratos en distintas instituciones, incluso simultaneando funciones como técnico interno y consultor externo.
Este panorama revela una preocupante dependencia del aparato estatal hacia las asesorías externas, muchas veces sin claridad en los resultados, sin control de seguimiento y con beneficiarios que parecen estar siempre en la lista.
Por Ángela Ramírez
